La N-240 busca una solución

El tramo de la N-240 que va de Lleida a Vinaixa y el límite provincial con Tarragona ha sido la víctima peor parada de los recortes que la crisis provocó en la obra pública. Al oeste de Lleida ciudad, la N-240 ya es autovía hasta Huesca (A-22), mientras que hacia el este (ya en provincia de Tarragona), hay 22,3 kilómetros de autovía (A-27) entre Tarragona, El Morell y Valls hasta los pies de la sierra de Miramar por donde discurre el Coll de Lilla. En 2010, el ministerio de Fomento aparcó el proyecto de la A-27, entre muchos otros, pero con el tiempo se ha recuperado de modo que incluso antes de acabar el año se prevé comenzar la construcción del túnel para evitar las curvas de Lilla. La previsión de Fomento continúa con la construcción de un enlace desdoblado hasta la AP-2 en Montblanc. Pero de Montblanc a Les Borges y Lleida ya nadie habla de la A-27.

En cambio, desde 2010 se han sucedido otras iniciativas. En 2012, plataformas sociales como el Ateneu Popular Garriguenc y Conca 22 presentaron un estudio que concluía que la opción más barata (71 millones por liberar el tramo Lleida-Montblanc el próximo 1 de enero que supone anticipar el fin de la concesión, en 2021), más ágil y de menos impacto ambiental era rescatar la concesión de la AP-2 de Abertis y eliminar el peaje. En 2013, otra propuesta llegó de la mano de la empresa privada. El grupo concesionario Abertis se ofreció a completar obras de la autovía A-27 entre Lleida y Tarragona a cambio de convertirla en una vía de peajes o bien alargar la concesión de la AP-2. En 2014, el entonces conseller Santi Vila contempló una fórmula próxima a esta entre Lleida y Les Borges.

La negra historia de esta carretera, cuyo último capítulo acabó con la vida hace hoy dos semanas de la joven Marta Sòria en el kilómetro 83, ha evidenciado que hay unanimidad en exigir soluciones a la elevada siniestralidad. Sin embargo, el consenso no existe en cuáles.

El conseller Josep Rull apostó por ‘duplicar’ la N-240 de Lleida a Les Borges y ERC, Ipcena y las dos plataformas sociales de Les Garrigues y la Conca de Barberà respondieron reclamando la liberación del peaje. El alcalde de Les Borges Blanques, Enric Mir, aseguró esta semana que “liberar el peaje es una consigna política y una postura oportunista que solo responde al partidismo y no al sentir general del territorio, lo que genera desgaste.

El Estado nunca liberará el peaje porque sentará un precedente. No es una medida barata porque habrá que asumir gastos de mantenimiento y conservación, por lo que, al final, se aplicará un peaje blanco un una euroviñeta”.

En la misma línea, Toni Postius (PDECat) dijo ayer que habrá que abrir accesos a la autopista desde las poblaciones entre Lleida y Les Borges, una zona en la que residen más de 15.000 personas que seguirían usando la nacional. La descongestión de camiones solo afectará a los transportistas de largo recorrido”.

Por su parte, el exalcalde Miquel Àngel Estradé (ERC) sostiene que “el Estado puede convencer a Abertis del rescate ya que el tramo entre Lleida y Les Borges está infrautilizado y esta operación supondrá una inversión mucho menor. Sería una solución inmediata y no habría que esperar a hacer estudios y proyectos, expropiaciones de tierras cultivadas y obras que durarían al menos cinco años y tendrían un coste de 250 millones. Además, no habría ningún impacto ambiental, un motivo que aducen los ecologistas y conservacionistas.

Por su parte, el sector del transporte mantiene su rechazo al desvío por la AP-2 mientras no se garanticen bonificaciones, como mínimo, del 75%, ya que, de otro modo, no lo consideran una opción rentable. Por el momento, las que se han ofrecido oscilan entre un 35 y un 50%.