Balaguer denuncia que una familia vive en un piso social sin luz ni gas hace casi un mes

El ayuntamiento de Balaguer denunció ayer la actuación de la compañía Endesa y su punto de servicio en la capital de la Noguera por no agilizar los trámites para dar de alta los servicios de luz y gas en una vivienda destinada a alquiler social, donde hace un mes vive una pareja y su hijo de once meses. El pasado mes de febrero la entidad Bankia cedió, a través de la Agència de l’Habitatge de la Generalitat, dos pisos de Balaguer para el alquiler social en la calle Pare Sanahuja.

A finales de octubre se firmó un contrato de alquiler con una familia con riesgo de exclusión social que, además, está pendiente de disponer de estos servicios básicos para poder recuperar a tres hijos más, que actualmente se encuentran en un centro de la Generalitat.

El concejal de Servicios Sociales del ayuntamiento de Balaguer, Joan Pla, denunció ayer la situación y se mostró indignado con la actitud de la eléctrica ante una situación “tan vulnerable”.

Asimismo, habló de falta de sensibilidad de Endesa, sobre todo del punto de servicio de Balaguer a quienes acusó de no hacer bien su trabajo. “Esta familia lleva más de 20 días sin luz ni gas, solo tiene agua y porque se la hemos puesto desde el ayuntamiento”, dijo.

No obstante, el concejal confió en un cambio de la situación y que mejore por el bien de la familia que reside en esta vivienda en unas “condiciones nada óptimas”, dijo. Pla aseguró ayer no entender los motivos que llevan a la eléctrica a “poner trabas” para dar de alta estos servicios, “cuando está más que demostrado que la familia está totalmente integrada y cuenta con el apoyo de los servicios sociales”, dijo.

La entrega de la vivienda a esta familia formaba parte del convenio firmado en febrero de 2014 entre la Agència de l’Habitatge de la Generalitat y Bankia por el que la entidad bancaria se comprometía a destinar 230 viviendas en toda Catalunya, con una dotación económica de más de 160.000 euros, para ayudar a cubrir el alquiler social de las familias con más dificultades económicas.

lleida

El Síndic de Greuges de Catalunya, Rafael Ribó, reclamó ayer en Lleida mejorar la política contra la pobreza energética y censuró que ahora “solo se usan como mucho un 15% de los fondos destinados a pobreza energética en Catalunya”, que son de unos 5 millones de euros.

La misma semana en que una anciana de Reus murió en un incendio en su vivienda, donde se había cortado el suministro de luz, Ribó señaló que hay “procedimientos demasiado complejos, falta más agilidad y formación de las personas para el ahorro energético y sobre el acceso a estas medidas”. El Síndic consideró, además, “inaudito que no tengamos leyes españolas sobre este tema y que las pocas que tenemos en Catalunya sean recurridas” ante el tribunal. En este sentido, consideró que el bono social, única medida prevista para esta problemática en el Estado, es totalmente insuficiente y está muy lejos de lo que se hace en otros países europeos. Respecto a la polémica por el fallecimiento de la vecina de Reus, Ribó indicó que han pedido información a Generalitat, ayuntamiento y a la compañía Gas Natural para ver qué ha fallado y emitir una resolución para instar a corregirlo.

El Síndic Ribó visitó ayer Lleida dentro de la conmemoración de los veinte años de sus oficinas itinerantes, que han atendido un total de 1.090 personas en la demarcación en los últimos 18 años. Ayer recibió quejas sobre cuestiones vinculadas al medio ambiente, la lentitud de la administración y sobre derechos sociales básicos.

Por otra parte, preguntado por la polémica sobre la segregación escolar en Lleida, dijo que “tenemos dos informes sobre la segregación en la admisión de los alumnos, algunos en Lleida, y la que viene por la gestión de los centros. Hasta ahora hemos conseguido buenos resultados y podríamos conseguir más si la gente que la sufre lo denunciara”.