Vila-sana deroga su veto a pintar las casas de blanco y el Govern impedirá normas similares

Vila-sana ha derogado una norma de su plan de ordenación urbanística (Poum) que, desde 2012, prohibía pintar de blanco las casas del pueblo. La comisión de Urbanismo de Lleida aprobó ayer levantar esta prohibición a petición del ayuntamiento y, a raíz de este caso, impedirá en el futuro que otros municipios adopten disposiciones similares. El director general de Urbanismo, Agustí Serra, afirmó que la planificación urbanística general “no debe llegar a este nivel de detalle, ni tampoco establecer normas basadas en criterios subjetivos”.

En Vila-sana, la iglesia y numerosas casas están pintadas de blanco. “Es algo tradicional en el Pla d’Urgell”, afirmó el alcalde, Joan Sangrà. El primer edil explicó que la prohibición figuraba en documentos de la Generalitat que el ayuntamiento empleó como base para elaborar su propio Poum. Según Sangrà, este veto se “coló” en el texto final sin que nadie lo corrigiera y pasó inadvertido durante años, hasta que vecinos pidieron licencia de obras para pintar de blanco las fachadas de sus casas. Para su sorpresa, el técnico municipal les informó de que no podían hacerlo.

Los ganaderos temen que la planta contamine el agua y Urbanismo dice que tiene el visto bueno de la ACA

La mayoría de municipios tienen normas que limitan los colores de los edificios. Algunos van más allá y regulan aspectos como los carteles de los comercios, las vallas publicitarias o las terrazas de los bares. “La integración paisajística es algo que debemos tener cada vez más presente”, afirmó Serra, si bien puntualizó que este tipo de limitaciones deberían establecerse en planes especiales y basarse en argumentos que las justifiquen “con rigor”.

Por otra parte, la comisión aprobó la planta de compostaje en Alcarràs que impulsan ganaderos locales, y que ha chocado con la oposición de la comunidad de regantes de Vallmanya. El visto bueno de Urbanismo llega después de que, el lunes, el pleno de Alcarràs desestimara alegaciones a las que no había respondido hasta entonces.

Frente al temor de los regantes a que la planta contamine las aguas, Serra apuntó que ha recibido un informe favorable de la ACA. Miembros de la comisión apuntaron que esta instalación está pendiente de autorización ambiental, mientras que el consistorio aseguró que ya la tiene.

En otro orden, la comisión ratificó el nuevo Poum de Ponts, que se publicará y entrará en vigor en los próximos días. El director general insistió en que “no legaliza” el edificio de la calle Sant Cristòfol sobre el que pesa una orden de derribo. “Es algo que está judicializado”, recordó. El expediente para demoler el inmueble provocó la moción de censura que destituyó en 2011 a la alcaldesa Maria Antònia Pubill (CiU). Su cese requirió el apoyo de un edil que era además el promotor del bloque declarado ilegal. Pubill, ahora en la oposición, expresó ayer su satisfacción ante la decisión de Urbanismo de no regularizar el edificio.

Lleida

Cambios en la normativa del Estado y la Generalitat allanarán el camino para legalizar decenas de campings de Lleida construidos en zonas declaradas inundables próximas a ríos. Así lo afirmaron ayer representantes del Govern y de la Federación de Hostelería, que asistieron a una jornada sobre riesgos de inundabilidad organizada por la CHE y la ACA en la capital del Segrià.

El nuevo reglamento hidrológico estatal, aprobado el pasado diciembre, abre la puerta a mantener áreas de acampada y otras actividades ya existentes en zonas inundables si se dotan de planes de protección ante riadas. Esto supone un criterio menos restrictivo que el empleado hasta ahora. Por su parte, la Generalitat ha incluido en la ley de acompañamiento a los presupuestos (pendientes de aprobación) una modificación de la ley de Urbanismo de Catalunya para adaptarla al nuevo reglamento estatal.

La Federación de Hostelería apuntó que estos cambios se basan en normativa de la UE y que “son una ayuda” en el proceso de regularización en marcha desde 2016, al aplicar un criterio de “gestión del riesgo” a la hora de autorizar campings próximos a ríos.