Piden 20 años para el cazador que mató a un agricultor en Tàrrega

Los familiares de Ramon Rivera Freixes, vecino de Santa Maria de Montmagastrell (núcleo de Tàrrega), que falleció a manos de un cazador en diciembre de 2014, solicitan que el acusado sea condenado a 20 años de prisión por un delito de asesinato. En sus escritos, las acusaciones particulares, que ejercen la hija y los hermanos del fallecido, representados por los abogados Dani Ibars y Enric Rubio, señalan que la víctima recibió un disparo en el cuello tras recriminar al cazador que no podía ejercer su actividad en una zona cercana a una finca de su propiedad. Los hechos ocurrieron el 18 de diciembre de 2014 en Santa Maria de Montmagastrell cuando el acusado, Francisco Martín Pérez, de 75 años y vecino de Sant Just Desvern, acudió a la zona para cazar junto a un amigo. Las acusaciones particulares constatan que entre víctima y cazador no había buenas relaciones ya que la víctima no permitía al acusado ejercer la caza cerca de su propiedad. Pese a saberlo, según los escritos, el cazador se acercó al lugar y se encontró con la víctima, quien le recriminó su acción. Las acusaciones particulares señalan que el acusado disparó contra Rivera a muy corta distancia y sin que pudiera defenderse. Asimismo, señalan que el acusado tardó más de 40 minutos en avisar a Emergencias. Además, los familiares solicitan un total de 400.000 euros en concepto de responsabilidad civil. Por su parte, el juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Cervera imputó al cazador, que está en libertad y será juzgado por un jurado popular, por homicidio doloso.

El Síndic abre un expediente por el crimen de Aspa El Síndic de Greuges, Rafel Ribó, ha abierto de oficio una investigación sobre la muerte de los dos agentes rurales tiroteados por parte de un cazador el pasado sábado en Aspa, para analizar las condiciones laborales y de seguridad de los integrantes del cuerpo de Agentes Rurales. El Síndic anunció ayer que, en el marco de su investigación, pedirá información sobre los procedimientos de concesión de licencia de armas, competencia de la Guardia Civil, así como los protoclos de actuación entre los Mossos d’Esquadra y el cuerpo de Agentes Rruales, en este caso a la conselleria de Interior.