Dos cargos de la Diputación, a juicio por supuesto mobbing

El juzgado de Instrucción número 4 de Lleida ha dictado un auto en el que envía a juicio a dos cargos de la Diputación por un supuesto delito de acoso laboral. La Fiscalía acusa a la jefa del Área de Organización y Gestión de la Diputación, M.M.O., para la que pide una pena de 1 año y 9 meses de prisión, y exculpa al coordinador de Nuevas Tecnologías del ente provincial, G.S.M.; la acusación particular, por su parte, acusa a los dos cargos y pide para cada uno 4 años de prisión (dos por presunto acoso laboral y dos por un supuesto delito contra la libertad sindical). El juez les ha llevado a juicio a los dos. El magistrado también ha establecido una fianza civil de 179.200 euros que deben abonar los acusados para hacer frente a posibles indemnizaciones que se deriven del caso. El juez declara también responsable subsidiaria de esta fianza a la propia Diputación. Fuentes de este organismo, por su parte, entienden que la denuncia es una “represalia” del exinterventor por haber sido cesado en 2013 (ver desglose).

La Fiscalía acusa a la jefa del Área de Organización y Gestión de la Diputación de decirle al exinterventor, en marzo de 2013, “que se atuviese a las consecuencias, que tenía una hipoteca que pagar y dos hijos estudiando en Barcelona”. Se lo dijo, según las acusaciones, después de que el exinterventor denunciara supuestas irregularidades. Luego, según la Fiscalía, le colocó en un despacho con armarios que bloqueaban el acceso a una puerta para que no tuviera contacto con el resto de funcionarios, y le fue mermando sus competencias y los recursos que tenía a su disposición.

“Una represalia por una querella contra él”, dice la Diputación Un portavoz de la Diputación precisó ayer que la decisión del juez de llevar a juicio a los dos cargos no es definitiva, ya que ha sido recurrida. Esta fuente atribuyó la denuncia contra los dos cargos a una “represalia” del exinterventor después de que este fuera cesado de su cargo en octubre de 2013 y de que el ente provincial interpuesiera una querella contra él por un supuesto delito de revelación de secretos. Esta querella está pendiente de la celebración del juicio oral después de que la Audiencia Provincial, según aseguró ayer el portavoz de la Diputación, haya encontrado “sobrados indicios” de la comisión de un ilícito penal por parte del exinterventor. El supuesto delito habría consistido en difundir información confidencial. “Para nosotros es un caso estrictamente laboral que se quiere criminalizar como represalia porque el exinterventor fue cesado tras numerosas quejas de alcaldes y funcionarios sobre su trabajo”.