Las familias de los 2 agentes rurales muertos a tiros por un cazador le acusan de asesinato

Las familias de Xavier Ribes y David Iglesias, los dos agentes rurales muertos a tiros por un cazador en Aspa el pasado 21 de enero, se han personado en el juzgado como acusación contra el cazador homicida, Ismael Rodríguez Clemente, de 28 años y vecino de Vacarisses (Barcelona). Las dos familias, representadas por el abogado Pau Simarro, imputan asesinato a Rodríguez al entender que actuó con premeditación y remató a las víctimas. También reclamarán a la Generalitat por la inseguridad de los agentes, y quizás también al gobierno central por la concesión de la licencia de armas al homicida (ver desglose). El juez ha imputado al cazador por un delito de homicidio o alternativamente uno de asesinato. Se da la circunstancia de que el próximo lunes el juzgado de Instrucción número 4 de Lleida, que lleva las diligencias de este caso, tomará declaración a los cuatro cazadores que acompañaban al homicida el día de los hechos.

Ismael Rodríguez acudió a buscar a estas cuatro personas tras disparar mortalmente contra los dos rurales leridanos y les contó lo que había hecho. Al parecer, según ha contado el propio homicida, sus compañeros le convencieron para que llamara a los Mossos y comunicara el doble crimen. Presumiblemente el juez interrogará el lunes a los cuatro cazadores sobre esta versión de los hechos para confirmarla o rechazarla. Según lo explicado por Rodríguez, él y sus cuatro compañeros estuvieron a unos cuantos metros de los cuerpos de los rurales, pero sin verlos, desde que avisaron a los Mossos hasta que acudieron los equipos de emergencia. Esto sería un período de unos 30 minutos, siempre según esta versión. No se descarta que la acusación pueda reclamar, más adelante, que se persiga a estos compañeros por supuesta omisión del deber de socorro, ya que, aunque los disparos fueron mortales, según la autopsia, eso ellos no lo sabían.

Reclamarán a la Generalitat por la inseguridad de los agentes Pau Simarro avanzó ayer que las familias reclamarán probablemente a la Generalitat por la inseguridad de los agentes. “Días después del doble crimen la administración autonómica dotó a los rurales de chalecos antibalas y otras medidas de seguridad. ¿Por qué no una semana antes, o un mes antes, o un año antes? Luego se ha sabido que los agentes han recibido numerosas amenazas y agresiones durante años. Me parece evidente que la administración debe asumir su responsabilidad”. También cabe la posibilidad, añadió Simarro, de que reclamen contra el gobierno central por la concesión de la licencia de armas al homicida. Además de las familias, se ha personado como acusación particular la Generalitat y como acusación popular, dos asociaciones de rurales y una de cazadores.