Las familias de los rurales muertos por un cazador exigirán 400.000€ a la Generalitat

Las familias de los dos agentes rurales muertos a tiros el pasado 21 de enero en Aspa por Ismael Rodríguez Clemente, un cazador de Vacarisses, demandarán a la Generalitat por un delito contra la seguridad de los trabajadores por no llevar protección y solicitarán una indemnización para cada una de ellas de entre 150.000 y 200.000 euros. Así lo anunció ayer su abogado, Pau Simarro, que explicó que “será por la vía penal o contenciosa pero presentaremos una reclamación de responsabilidad patrimonial porque la Generalitat no puede salir indemne ya que los agentes iban a pecho descubierto y sin ningún tipo de protección. Desde el doble crimen, estos controles los hacen con chalecos antibalas, con escopeta y de tres en tres”. Es una reclamación similar a la de las familias de los 5 bomberos leridanos fallecidos en Horta de Sant Joan, en un caso que también ha llevado este letrado y en el que la Generalitat indemnizó con un montante global de más de un millón de euros, o a la de la familia del maestro leridano Abel Martínez, que murió apuñalado por un almuno en un instituto de Barcelona, por lo que se reclama un millón de euros.

Por otra parte, ayer declararon los cuatro cazadores de Terrassa que el día del doble crimen iban con Rodríguez. Todos ellos aseguraron que no vieron los disparos. Sin embargo, admitieron que el autor confeso quiso huir. “¡Leo, vámonos de aquí!”, le dijo a uno de ellos, según indicaron los abogados de los acusaciones. La abogada de Rodríguez, por su parte, dijo que “quería decir que le acompañaran al lugar del crimen”. Los compañeros no supieron explicar por qué pasaron más de 40 minutos entre los disparos y la llamada al 112, derivada a los Mossos, y en la que el joven explicó que había acabado con la vida de los dos agentes. “Los he matado porque les he disparado cuatro tiros en la cabeza a dos metros de distancia”, les dijo a sus compañeros.

Los amigos del homicida no serán acusados de omisión de socorro Los cuatro cazadores que iban con Ismael Rodríguez no serán acusados de un delito de omisión del deber de socorro pese a que tardaron casi 45 minutos en avisar al 112. Al parecer, los cinco se reunieron minutos después de producirse los disparos. Albert Requena, letrado de la Associació Professional d’Agents Rurals de Catalunya, que se ha personado como acusación popular, pidió que se les acusara de omisión de socorro, pero ayer mismo el juez instructor hizo una resolución que lo desestima. Hay dos razones que lo explican. Una de ellas es jurídica. “La jurisprudencia dice que no se puede acusar del delito de omisión si la víctima ya ha fallecido”, explicó Simarro. La otra es el informe forense, que ha determinado que los disparos a los agentes (dos cada uno) fueron mortales.