El TSJC anula en Lleida tasas municipales a las líneas eléctricas pero el Supremo las ve legales

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) rechaza el impuesto que los ayuntamientos de La Torre de Capdella y La Pobla de Segur intentan cobrar desde hace años a las compañías eléctricas por las líneas de media y alta tensión que atraviesan sus municipios. En dos sentencias del pasado mes de diciembre, declara nulas las ordenanzas fiscales que obligan a a Red Eléctrica de España a pagar por el uso de suelo de titularidad pública. Además de estos dos consistorios, al menos otros 13 han aprobado en Lleida ordenanzas similares, que son también objeto de litigios.

Tanto el alcalde de La Pobla de Segur, Lluís Bellera; como el de La Torre de Capdella, Josep Maria Dalmau, avanzaron que recurrirán estas sentencias ante el Supremo, y se mostraron convencidos de que este les dará la razón. Estas expectativas optimistas se basan en el hecho de que, desde el pasado diciembre, el Alto Tribunal ha emitido al menos cinco fallos a favor de ayuntamientos de Galicia, Extremadura y Castilla y León que defendían esta misma tasa a las eléctricas (ver desglose).

Las primeras sentencias del Supremo a favor de los ayuntamientos sientan jurisprudencia después de varios años en que la justicia no ha tenido un criterio unánime sobre esta tasa municipal a las eléctricas. Así, los Tribunales Superiores de Justicia de Castilla y León, Asturias y la Comunidad Valenciana han emitido sentencias en contra, igual que el TSJC; mientras que los de Galicia, Castilla-La Mancha y Extremadura han fallado a favor de este impuesto.

Para los municipios leridanos, aplicar la ordenanza fiscal podría suponerles ingresos de hasta 200.000 euros anuales, en función de los metros de líneas eléctricas que acogen en su término y de la potencia de cada una de ellas, así como por la presencia de otras instalaciones.

Años de litigios y una “rebaja” sobre las tasas iniciales Cientos de ayuntamientos de Catalunya y España han aprobado en los últimos años tasas a las compañías eléctricas similares a las que han adoptado al menos quince municipios de Lleida. Todas ellas están cortadas por un mismo patrón: se basan en un modelo de ordenanza fiscal redactado por el bufete leridano Gonzalo Abogados; y en un informe del gabinete de ingeniería Valbuena y Ron sobre cómo calcular su importe en función de las infraestructuras eléctricas en cada municipio, todo ello elaborado por encargo de la Federación Española de Municipios y Provincias. “Todas son la misma ordenanza, por lo que el Supremo debería pronunciarse a favor de ellas en todos los casos”, valoró el abogado Javier Gonzalo, que prepara los primeros recursos de casación. Por su parte, Red Eléctrica, Unión Fenosa y otras compañías han impugnado ante los tribunales tanto la ordenanza como las liquidaciones anuales de los consistorios. En 2014, los ayuntamientos rebajaron la tasa a la mitad en un intento de poner fin a los litigios y cobrarla.