El abandono de casas en ruina obliga a los ayuntamientos a asumir su gestión

El abandono gradual de núcleos rurales y pueblos por el envejecimiento de la población y la emigración a las ciudades está dejando numerosas casas vacías. La falta de mantenimiento de las construcciones por parte de sus propietarios está obligando a los ayuntamientos a asumir la gestión de las fincas urbanas mediante la expropiación o su compra.

El creciente abandono de casas en mal estado en los núcleos históricos de los municipios de Lleida está obligando a los ayuntamientos a asumir su gestión, de modo que deben instar a los propietarios a que los derruyan, si amenazan ruina, o se ven en el caso de expropiar incluso las fincas para derribar los inmuebles de forma subsidiaria. Ocurre en estos momentos en municipios como Cervera o La Granja d’Escarp. El ayuntamiento de la capital de la Segarra ha declarado en ruinas un edificio del centro histórico del agregado de Castellnou d’Oluges y prevé derruirlo. No ha podido localizar al propietario y la Paeria llevará a cabo este marzo la demolición, que le costará 9.873 euros. Proyecta expropiar el resto de edificios en ruina (unos 10) a coste cero, buscar ayudas para demolerlos y usar los propios escombros para habilitar un espacio de paseo público para la treintena de vecinos del pequeño pueblo. El caso de Cervera no es el único. El abandono de numerosos núcleos de población que en los años sesenta y setenta devastó el Pirineo se desplaza hace años al llano y muchas viviendas, que quedan deshabitadas, pasan a manos de herederos que ya no viven en la población ni tienen recursos para asumir su mantenimiento o su reforma. La Granja d’Escarp ha licitado esta semana el derribo de una isla de tres inmuebles que compró con esta intención para evitar riesgos por su mal estado. De momento, los dejará como un solar y habilitará un parking. En Térmens, el consistorio derribó el año pasado un edificio en ruinas, propiedad de un banco que no se hizo cargo de la obra. La finca sigue siendo de propiedad bancaria, pero si alguien la compra deberá costear la demolición. En otros casos, los propietarios, a menudo herederos, intentan venderlas. El presidente del Colegio de Arquitectos, Víctor Pérez Pallarés, corroboró que en los núcleos antiguos de muchos municipios de Lleida hay casas en estado de abandono. “Se trata de edificios antiguos que en el momento en que dejan de ser primera residencia y pasan a manos de herederos que no viven en el pueblo se convierten en un problema, porque suelen tener condiciones de habitabilidad precarias y rehabilitarlas cuesta más que levantar una casa nueva”. Indicó que la rehabilitación “no sale adelante” y consideró necesario que la administración destine más recursos a impulsarla. “Ahora, más que rehabilitación, lo único que sea hace son pequeñas obras de reforma”. Una profesional del sector inmobiliario de La Pobla de Segur explicó que en pueblos de los Pallars es habitual que personas que heredan la propiedad de casas en las que no viven opten por ponerlas en venta en lugar de rehabilitarlas.

El sector inmobiliario señala que muchos herederos de casas prefieren venderlas antes que rehabilitarlas

La despoblación del Pirineo se desplaza hacia el llano de Lleida

El profesor de Geografía de la UdL Joan Ganau destaca que la despoblación que afecta a numerosos pueblos de Lleida es “un problema con soluciones muy complejas”. Apuntó que el cambio básico se centra en los movimientos de población hacia la ciudad y que administraciones y propietarios no tienen “conciencia sobre el patrimonio histórico y popular” que representan casas y pueblos. Ganau señaló que para los ayuntamientos resulta más fácil derribar casas antiguas que plantearse su rehabilitación y alertó contra las segundas residencias que “muchas veces convierten los pueblos en pesebres”.

Por su parte, la presidenta de la Asociación de Micropueblos de Catalunya (AMC) y alcaldesa de Vallfogona del Ripollès, Mari Carme Freixa, explicó que contrarrestar la despoblación es complicado por la escasez de trabajo y la dificultad de acceso a servicios en las zonas rurales. Freixa apuntó que atraer nuevos pobladores es difícil y que a esto se suma la presión urbanística que generan las segundas residencias en zonas cercanas a Barcelona.