El litigio por la montaña de Tor llega otra vez a los tribunales tras una paz de doce años

El histórico conflicto por la montaña de Tor (Alins) ha regresado a los tribunales, doce años después de las sentencias que reconocieron como propietarios a las familias de las trece casas del pueblo y sus sucesores. Tras los fallos que pusieron fin a décadas de disputas por la titularidad de estas 2.600 hectáreas de bosques limítrofes con Andorra en el Pallars Sobirà, una querella criminal ante el juzgado de Tremp cuestiona ahora la comunidad que gestiona esta montaña, tristemente famosa tras convertirse en el escenario de tres asesinatos (ver claves).

Cinco de los condueños de Tor, que representan dos de las trece partes indivisas de la montaña, se han querellado contra cinco administradores de la comunidad de copropietarios. La querella les atribuye un supuesto delito de estafa procesal y dos presuntos delitos continuados por administración desleal y por impedir ejercer a los demandantes sus derechos como comuneros.

Así lo explicaron fuentes próximas a esta causa judicial, que precisaron que los querellantes creen vulnerados sus derechos al no poder participar en sesiones de la junta y no recibir beneficios por la explotación de los bosques. Uno de ellos actúa en representación de Jordi Riba Segalàs, más conocido por el sobrenombre de el Palanca.

La querella inició su tramitación el pasado mes de junio y está en los primeros pasos de su proceso de instrucción en el juzgado de Tremp. Este mismo mes ha prestado declaración ante el juez el primero de los administradores de la comunidad de copropietarios de Tor, y está previsto que el resto de los querellados lo haga a lo largo de los próximos dos meses. La Fiscalía de Lleida, por su parte, no ha abierto por ahora diligencias de investigación. Este diario intentó recabar sin éxito la versión de los condueños objeto de esta querella.

Nuevas iniciativas y una carretera en el cajón Las sentencias judiciales que restituyeron la propiedad de la montaña de Tor a los descendientes de las trece familias que formaron la comunidad de copropietarios de 1896 advirtieron en su día de que los requisitos exigidos en el siglo XIX para acceder a la propiedad (ser cabeza de familia, tener una casa abierta todo el año y propiedad en Tor) no se ajustaban al derecho actual. Esto llevó a los propietarios a reactivar la comunidad bajo unos nuevos estatutos y a darla de alta en Hacienda años después, tras décadas de inactividad, para gestionar esta superficie de 2.600 hectáreas (según el catastro, aunque las escrituras de propiedad la elevan a unas 4.800).