Ganaderos de Benavent llevan al consistorio al juez por obligarles a trasladar las granjas

Dos ganaderos de Benavent de Segrià están inmersos en sendos procesos judiciales contra el ayuntamiento de la localidad por revocarles la licencia medioambiental necesaria para poder llevar a cabo su actividad. El consistorio revocó las licencias por encontrarse las dos granjas de pollos a menos de 150 metros de la trama urbana o urbanizable, según dijo el alcalde, Manel Català, que remitió a la aplicación de la normativa municipal. Català explicó que en 2002 el ayuntamiento aprobó una normativa urbanística que preveía la urbanización de varios sectores de la localidad y marcaba una moratoria de 10 años para que las explotaciones ganaderas que se encontrasen dentro del perímetro del casco urbano “trasladasen” su actividad.

Los ganaderos Aleix Pujol y David Espinet consideran que el ayuntamiento aprobó la regulación urbanística en un momento de fuerte crecimiento inmobiliario y que, en la actualidad, no se ajusta a la realidad. Insisten en que el consistorio “prioriza el crecimiento urbanístico a las actividades rurales” y afirman que les fuerzan al cierre. Además, reclaman una indemnización por “esta expropiación encubierta”, mientras que el consistorio alega que no tiene que hacerse cargo de ninguna compensación. El alcalde remarcó que entre 2002 y 2012, los ganaderos no presentaron alegaciones a la norma municipal. Desde 2013, dijo, se han sucedido varias quejas y denuncias de vecinos por “ruidos y olores” que, afirman los ganaderos, ni la conselleria de Medio Ambiente, ni Mossos, ni el Seprona, han podido constatar.

Varias denuncias contra las granjas, mientras los ganaderos señalan que ninguna ha prosperado

El alcalde dijo que, ante la problemática abierta por las quejas, se decidió revocar las licencias ambientales de las granjas. Sin embargo, reconoció que entre junio y julio de 2016 los nueve ediles de la localidad consensuaron una modificación de las normas urbanísticas que autorizaba de nuevo estas explotaciones dentro del perímetro urbano de 150 metros, que finalmente el pleno municipal no la aprobó, “porque no queríamos beneficiar a nadie ni que la decisión fuese instrumentalizada en un sentido u otro”. Los ganaderos opinan que el ayuntamiento “no tiene ganas de arreglar las cosas” y que “los planes urbanísticos no pueden ir en contra de la propiedad privada y la actividad empresarial”. Denuncian también la “incongruencia de que el ayuntamiento firme un manifiesto de apoyo a la payesía y luego actúe de esta manera”. El alcalde alegó que “no podemos actuar de otra forma”. Uno de los ganaderos vió desestimada su demanda por un juzgado de Lleida y la sentencia se encuentra recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, mientras que el otro está a la espera de la vista ante un juzgado contencioso-administrativo de Lleida. Por su parte, Jordi Vidal, técnico de Jarc, mostró su apoyo a los ganaderos y dijo que harán lo necesario para que no se cierren las granjas.