Querella de las familias contra 11 altos cargos de Agricultura por el doble asesinato de Aspa

Las familias de Xavier Ribes y David Iglesias, los dos agentes rurales leridanos que fueron asesinados el pasado 21 de enero en Aspa, presentaron este lunes una querella criminal contra 11 altos cargos del departamento de Agricultura de la Generalitat por los supuestos delitos de homicidio imprudente y contra la seguridad de los trabajadores. Entre los querellados se encuentran la consellera de Agricultura, el secretario y una exsecretaria general del departamento. Los querellantes entienden que los responsables del departamento de Agricultura sabían que los agentes rurales estaban desprotegidos cuando el cazador Ismael Rodríguez Clemente disparó cuatro tiros a Iglesias y Ribes y les mató. Las familias de los dos rurales asesinados, representadas por el abogado Pau Simarro, creen que las condiciones en las que los agentes rurales llevaban a cabo sus labores de inspección durante la temporada de caza eran inseguras, y que la administración tenía conocimiento de esta circunstancia porque las organizaciones profesionales y sindicales la habían denunciado en reiteradas ocasiones y habían exigido que se tomaran medidas. Se da la circunstancia de que la querella criminal presentada ayer en los juzgados ha sido interpuesta a la vez por las familias (como acusación particular) y por un sindicato (como acción popular), en los dos casos representados por el mismo letrado. Los querellados son la consellera, Meritxell Serret; el secretario general del departamento; el director de Servicios; la subdirectora general de Recursos Humanos y Relaciones Laborales; el Jefe de Servicios de Prevención de Riesgos Laborales; la directora general de Montes; el subdirector general de Agentes Rurales; el Inspector Jefe de Agentes Rurales; la jefa de Coordinación de los Agentes Rurales; la que fue subdirectora general de Recursos Humanos, y la que fue secretaria general del departamento.

“Los crímenes se habrían evitado con las actuales medidas”  La querella dice que “lamentablemente ha habido que esperar a que tuviera lugar una desgracia de graves consecuencias para el departamento actuara y decidiera que las patrullas fueran de tres personas en vez de dos, que las tres fueran con chalecos antibalas y que uno de ellos fuera armado”. Añade que el crimen se podría haber evitado si los rurales hubieran dispuesto “de las medidas de protección y intimidación necesarias, ya que el primer disparo lo recibió uno de los agentes en la parte torácica, que habría sido cubierta por el chaleco, y el tercer agente armado habría podido intervenir”. La querella también recoge que los representantes de los trabajadores hacía tiempo que alertaban que “acumulaban incidentes con amenazas y agresiones recibidas” pero la administración no actuó.