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Madrid reclama ante el juez al Govern 75 millones del Segarra-Garrigues
En 2012 ya denunció que quedaban pendientes 70 millones por pagar de las obras del canal principal || La conselleria asegura que este año abonará 19,8 millones
La empresa estatal Acuaes (Aguas de las Cuencas de España) ha presentado un contencioso contra la conselleria de Agricultura para reclamar una deuda de 74.581.109,54 euros por las obras del canal principal del Segarra-Garrigues en los términos en que ambas acordaron en 2006. Las obras de la parte estatal tienen un coste de 444 millones de euros, de los que el Estado debía asumir la mitad y el otro 50% corría a cargo de los regantes. Sin embargo, la oposición por parte de los agricultores llevó al ejecutivo catalán a firmar un convenio hace 11 años para avanzar los 222 millones que debían cubrir los regantes. El incumplimiento en las aportaciones que debía hacer la Generalitat al Gobierno central por este concepto ya se puso sobre la mesa en 2012, cuando la directora general de Acuaes (antes Acuaebro), Aránzazu Vallejo, lo denunció públicamente en Lleida y habló entonces de 69 millones. En aquel momento ya avanzó su intención de llevar la deuda ante los tribunales e inició entonces consultas al consejo de administración de la empresa estatal para poner en marcha el proceso. El Diari Oficial de la Generalitat publicó el pasado miércoles el edicto sobre la presentación de esta reclamación. En concreto, Acuaes reclama cerca de 75 millones en concepto de deuda por la “ejecución, financiación y explotación de la obra de infraestructura hidráulica del Canal de Segarra-Garrigues, en los términos previstos y conforme a los compromisos asumidos en el Convenio de Colaboración de fecha 11 de octubre de 2006”.
El diputado del PP por Lleida, José Ignacio Llorens, aseguró ayer que desde 2012 la Generalitat no ha abonado ningún importe de los reclamados hace cinco años.
En cambio, la conselleria de Agricultura aseguró también ayer que en el último año ambas administraciones han negociado un pago plurianual que incluye el avance este año de 19,8 millones de euros. Este acuerdo no ha obstado, sin embargo, a que se interpusiera el contencioso contra el ejecutivo catalán. Este justifica los impagos por la mala situación de las arcas catalanas y asegura que este año inicia el pago de los plazos pactados.