El fiscal ve contratos amañados y “mordidas” en las obras de 28 pisos de Adigsa en Lleida

La Fiscalía Provincial de Barcelona aprecia contratos amañados, presupuestos inflados hasta un 20% y comisiones ilegales en obras para reformar 28 pisos sociales de la Generalitat en las comarcas leridanas en 2003. Se trata de 24 inmuebles de segunda mano en Artesa de Segre, tres en Lleida ciudad y uno en Alfarràs que la antigua empresa pública Adigsa adquirió para destinarlos a vivienda de alquiler para jóvenes. El ministerio público lo detalla en sus conclusiones sobre el ‘caso Adigsa’. El juicio que debía iniciarse este martes, 12 años después de comenzar la investigación, se ha aplazado hasta el día 16 mientras los 7 imputados negocian rebajar penas a cambio de confesar y devolver el dinero.

La causa se inició en 2005 a raíz de una denuncia de José Antonio Salguero, contratista que se adjudicó la reforma de los 28 pisos de Adigsa en Lleida, así como de otros 16 en Reus y Salt. Posteriormente, denunció estas contrataciones a cambio de comisiones. La Fiscalía le aplica el atenuante de confesión y pide para él 18 meses de cárcel como cooperador necesario en delitos continuados de malversación de caudales públicos y falsedad en documento oficial por un funcionario; o bien tres meses como coautor de falsedad en documento mercantil.

Salguero y otros dos contratistas imputados, Ángel Egido y Jordi Honrubia, pagaron comisiones de entre el 15% y el 20% del importe de los contratos, según el fiscal, que apunta que los presupuestos se inflaron en estos mismos porcentajes. “La comisión se pagaba con dinero público”, concluye. Los pagos se hacían a José María Penín, impuesto como “técnico externo” en materia de adjudicaciones por el entonces consejero delegado de Adigsa, Josep Antoni Fontdevila. El fiscal menciona que estos dos imputados compartían militancia en CDC, trabajaron en Bienestar Social y que Penin tiene un “parentesco lejano” con Felip Puig. Destaca además el “crucial apoyo” de los otros dos imputados: Xavier Sala, responsable de adquirir pisos de segunda mano; y Jordi Huguet, al frente de la tramitación de expedientes de contratación. Huguet trabajaría después como arquitecto municipal en Les Borges entre 2005 y 2007.

Las claves

esfumarse y no osó regresar a Adigsa”, según el Fiscal.

Artesa de Segre, el detonante. Salguero denunció las contrataciones tras rehabilitar 24 viviendas en Artesa de Segre sin que Adigsa hubiera formalizado su compra. Tras el relevo en la dirección, la empresa pública rechazó pagar por unas obras que no constaban en expediente alguno. 

Lleida ciudad. Según el fiscal, Adigsa adjudicó la reforma de dos pisos en la calle Cappont y otro en la avenida Artesa a Salguero a través de un expediente que incluyó otras ofertas “imaginarias” para dar al proceso apariencia de legalidad. 

Alfarràs. El fiscal cree que el mismo procedimiento que en Lleida se siguió al adjudicar la reforma de un piso de Adigsa de la calle Pintor Fortuny de Alfarràs. Se adjudicó a Redulex, controlada por Salguero, frente a 2 ofertas “imaginarias”. 

Ultiman un pacto para rebajar penas a cambio de devolver el dinero Fiscalía pedía las penas más largas para los antiguos directivos de Adigsa: Diez años para Fontdevila, y nueve años y seis meses para Huguet y Sala. Para el “técnico externo” Penín solicita cinco años de prisión, los mismos que para los contratistas Honrubia y Ejido. Para Salguero, que interpuso denuncia de forma voluntaria, pide solo 18 meses. Sin embargo, la suspensión del juicio hasta el día 16, a raíz de un error en las citaciones, llegó cuando las partes ultimaban un acuerdo que pasaría por confesar los delitos y devolver de forma solidaria unos 120.000 euros a cambio de reducir las penas por debajo de los dos años, lo que les evitaría ingresar en prisión. Tan solo Salguero se habría desmarcado de este pacto. La mayor parte de esta suma fue este martes consignada ante el tribunal, que deberá decidir si valida este acuerdo y prosigue el juicio dentro de dos semanas solo con las pruebas que afectan a Salguero.