ENERGÍA
El Govern arbitrará para zanjar el litigio entre la Vall Fosca y Endesa por los recibos de la luz
La Agència de Consum cree que se debe aplicar el IVA al precio del suministro pactado en 1927 y la compañía acepta la mediación || Controles de microcortes en 67 municipios de las comarcas del llano
Un grupo electrógeno en El Soleràs el pasado mes de marzo.
La Agència Catalana de Consum arbitrará en el litigio por las facturas de la luz en la Vall Fosca. Así lo anunció este lunes en Lleida la directora de este organismo, Montserrat Ribera, quien espera zanjar así ocho años de conflictos entre el municipio y Endesa a raíz del IVA que la compañía aplica a los recibos. La empresa avanzó que aceptará la mediación de la junta arbitral de consumo, cuyas decisiones son vinculantes. El ayuntamiento de La Torre de Capdella, por su parte, declinó pronunciarse sobre esta cuestión.
La directora valoró que la compañía debería aplicar el IVA al precio de la luz que establece el convenio de 1927, de solo 0,0021 euros por kilovatio hora (kWh). En este sentido, recordó que una consulta vinculante al ministerio de Hacienda avala este posicionamiento, el mismo que el municipio defiende desde 2009 (ver SEGRE del jueves). Por otra parte, recordó que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya falló un año antes en favor de Endesa, que aplica este impuesto sobre la tarifa regulada para pequeños consumidores (PVPC). Esto da como resultado facturas cuyo IVA supera el importe de la energía consumida.
Ribera planteó una salida “extrajudicial” y “negociada” a este conflicto meses después de que el ayuntamiento de La Torre de Capdella y los vecinos beneficiarios del acuerdo de 1927 aceptaran liquidar recibos entre 2009 y 2014, que habían rechazado pagar al considerarlos incorrectos. Quedan pendientes las emitidas a partir de 2015. La directora apuntó que los acuerdos para saldar estas facturas hasta el año 2014 “podrían contener alguna cláusula abusiva”; mientras que la CUP, en la oposición en el consistorio, ha recurrido el acuerdo con Endesa para pagarlas (ver claves).
Por otra parte, el director de los servicios territoriales del departamento de Empresa en Lleida, Ramon Alturo, avanzó que este mes iniciarán la instalación de aparatos para registrar microcortes de luz en las líneas que suministran a 67 municipios del llano de Lleida, a raíz de las quejas de los consells. A estas mediciones, se sumará una auditoría de las que registre la propia compañía eléctrica. En otro orden, la conselleria avanza en el expediente por los apagones masivos durante el temporal de marzo.
Las claves
- Ocho años de litigio. El ayuntamiento y vecinos dejaron de pagar los recibos en 2009 al considerar el IVA incorrecto. Tras el fallo del TSJC a favor de Endesa, la firma cortó la luz a vecinos en noviembre. A raíz de este episodio, ambas partes acordaron liquidar facturas hasta 2014 y negociar las posteriores.
- Hacienda y recurso de la CUP. Frente al fallo del TSJC, una consulta vinculante a Hacienda avala las tesis del municipio. La CUP, en la oposición en el ayuntamiento, la cita en un recurso de reposición contra el acuerdo entre el consistorio y Endesa para liquidar 260.574 euros en recibos hasta 2014. Apuntan también a “incompatiblidad” para firmarlo del alcalde, extrabajor de Endesa.
- Expediente por apagones. Endesa ya ha entregado a la conselleria de Empresa la información requerida por los apagones masivos en Lleida a raíz del temporal del pasado marzo.
- La Pobla-Foradada del Toscar. La Plataforma contra la Autopista Eléctrica anunció protestas contra el proyecto de REE para recrecer la línea Foradada del Toscar- La Pobla, tras una declaración de impacto favorable del Govern.
- Examen de líneas eléctricas. El departamento de Empresa ha sacado a concurso trabajos de inspección en la red de transporte y distribución eléctrica de Catalunya con un presupuesto de licitación de 75.286 euros.
Multa de 20.000 € a cuatro empresas por infracciones de consumo La Agència Catalana del Consum (ACC) abrió el año pasado en Lleida 15 expedientes sancionadores contra empresas por supuestas infracciones en materia de consumo, de las cuales 4 fueron resueltas con una multa global de 20.000 euros (los otros 11 expedientes están en proceso). En concreto, sancionaron a dos firmas de telecomunicaciones que se negaron a dar de baja un servicio y a aplicar la garantía de un producto. Las otras dos multadas fueron una inmobiliaria y una firma de comercio electrónico. El organismo también atendió 4.750 consultas, un 37,56% más que en 2015, y recibió 1.479 reclamaciones (1.017 de ellas se resolvieron con acuerdo de mediación), siendo las relacionadas con telecomunicaciones y con los servicios de electricidad, gas y agua las que aúnan más quejas. En el conjunto de Catalunya, se retiraron del mercado 16.457 artículos, la mayoría juguetes y material eléctrico.
