TRIBUNALES
Fiscalía no ve delito en la causa por los sueldos de concejales de Bell-lloc
El juez debe decidir si archiva la acusación al exalcalde y ocho ediles por malversación y prevaricación || El Ministerio Público pide elevarlo al Tribunal de Cuentas
![Ramon Cònsola, en el centro, en un acto en Bell-lloc en 2008.](https://imagenes.segre.com/files/image_large/uploads/2023/09/05/64f70fba2d3d0.jpeg)
Ramon Cònsola, en el centro, en un acto en Bell-lloc en 2008.
La Fiscalía ha pedido al juez que archive las actuaciones judiciales iniciadas contra el exalcalde de Bell-lloc Ramon Cònsola y 8 ediles al considerar que no hay indicios de delito de malversación y prevaricación por los que han sido investigados. Sin embargo, pide elevar el caso al Tribunal de Cuentas por si pudiera existir alguna responsabilidad contable.
El propio Ministerio Público presentó una querella el pasado mes de septiembre tras recibir una denuncia anónima que apuntaba a que el equipo de gobierno municipal, entre 2007 y 2015, habría cobrado un sueldo fijo mensual en lugar de una retribución por asistir a las reuniones del consistorio pese a no tener una dedicación absoluta.
En la querella se indicaba que el exalcalde y los 8 ediles habían cobrado entre 300 y 1.000 euros al mes de una forma fija por asistencia a los plenos y a las demás reuniones del consistorio. Una fórmula que fue aprobada por CiU y ERC a propuesta de un concejal de la oposición para, según la Fiscalía, “evitar que se hicieran más sesiones de la cuenta”. De esta forma, se estableció un tope en lugar de cantidades por asistencia, en un principio de 60 euros para el alcalde y 45 para los concejales.
Pese a que no aportaron un estadillo de control de las reuniones, la Fiscalía ve probado que estas se celebraron, por lo que cobraron por un trabajo hecho. Este sistema estuvo vigente hasta 2015, cuando Bell-lloc es Mou se hizo con el gobierno local. Entonces, se estableció una dedicación parcial del 25% para el alcalde con una retribución de 1.000 euros y fijándose una cantidad de 125 euros por asistencias de los concejales.
Según la Fiscalía, se trata de las mismas cantidades establecidas por el anterior gobierno, pero ajustándose a la ley de ser retribuciones por asistencia y no nóminas. Una “diferencia semántica” que la Fiscalía ve insuficiente para considerar a los investigados responsables de malversación y prevaricación, ya que no ve voluntad de lucro ilícito.
Sigue abierta otra causa por el salario del exalcalde de Gimenells Otra causa penal relacionada con la retribución de cargos electos sigue abierta en las comarcas de Lleida. La Fiscalía investiga al exalcalde de Gimenells Albert Aldavert (CiU) durante el mandato anterior, para determinar si incurrió en prevaricación y malversación de fondos al recibir un sueldo mayor que el que aprobó el pleno en 2011. En este caso, el ministerio público se ha querellado contra el exalcalde (y actual portavoz de la oposición en Gimenells) al considerar que cambiar su régimen retributivo requería otro acuerdo del pleno. Asimismo, apunta que la dedicación completa que se asignó puede ser incompatible con recibir dietas y con ingresos por su actividad profesional. Aldavert, por su parte, defendió que actuó con transparencia y no cometió irregularidades.