Más de 50 años de prisión para ocho acusados de prostituir a mujeres

El Tribunal Supremo ha impuesto más de 50 años de prisión para ocho acusados de pertenecer a una banda organizada que captaba a mujeres en Nigeria y las obligaba a prostituirse en España. Una de las víctima fue explotada sexualmente en Lleida bajo amenazas para devolver la deuda que había contraído con la organización por su viaje, de 50.000 euros. De esta forma, el alto tribunal rechaza los recursos interpuestos por los acusados contra la sentencia dictada en primera instancia por la Audiencia de Barcelona, por unos hechos ocurridos entre 2010 y 2012.

Según la sentencia, todas las mujeres captadas eran jóvenes con una situación económica precaria y se les ofrecía la posibilidad de venir a España para trabajar o formarse profesionalmente, viaje por el que contraían una deuda de entre 30.000 y 50.000 euros con el grupo criminal. Las mujeres llegaban a la Península en avión o en patera y una vez aquí se les decía que realmente debían ejercer la prostitución para pagar el dinero que debían.

Para ello, eran maltratadas y les amenazaban con hacer daño a sus familias. La mayoría eran explotadas en Barcelona, sobre todo en las Ramblas o las inmediaciones del Camp Nou. Una de las víctimas, que declaró como testigo protegida, fue trasladada por la banda a Lleida tras llegar de Nigeria en 2008. Los acusados le quitaron el pasaporte y le exigieron el pago de 50.000 euros.

Tanto en Lleida como en Barcelona, donde esta víctima era explotada sexualmente por los acusados, era vigilada continuamente por los integrantes del grupo. Entre los acusados hay personas que se dedicaban a controlar a las mujeres que ejercían la prostitución, haciendo un seguimiento de sus entradas y salidas del piso donde eran alojadas, y que las amenazaban de muerte para persuadirles de que no fueran a la policía para denunciar. También se las amenazaba con prácticas de vudú.

Por todos estos hechos, el Supremo les condena a penas que van de los 13 a los dos años de cárcel por los delitos de pertenencia a grupo criminal, inmigración ilegal, trata de seres humanos y prostitución y falsedad en documento oficial. Asimismo, el tribunal avala las elevadas cantidades fijadas en la responsabilidad civil, de un total de 3,5 millones, de entre 20.000 y 100.000 euros para cada una, por daños morales.