TRIBUNALES
El TSJC obliga a La Portella a pagar 200.000 euros a la exsecretaria
Confirma la sentencia del juzgado contencioso-administrativo de Lleida para que la readmita || Debe cubrir los salarios impagados, intereses y cotizaciones sociales
El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya ha condenado al ayuntamiento de La Portella a readmitir a la exsecretaria-interventora del consistorio, despedida en 2012, y le obliga, además, a abonar a la demandante el pago de los salarios desde el 1 de mayo de 2012, además de los intereses, las cotizaciones a la Seguridad Social y las costas del proceso judicial.
Todo ello supondrá que el consistorio debe pagar a la extrabajadora unos 200.000 euros. El fallo del TSJC confirma la sentencia dictada en julio de 2016 por el juzgado de lo contencioso-administrativo número 1 de Lleida al rechazar los recursos presentados por el consistorio.
Según el representante legal de la exfuncionaria municipal, José Moragues, del despacho Moragues, el ayuntamiento deberá reincoprar a la demandante en un puesto para cumplir las funciones de titularidad superior, ya que el despido es considerado “nulo”. Sin embargo, no podrá ocupar su cargo anterior, ya que está cubierto por un funcionario de carrera.
La sentencia señala que el ayuntamiento debe readmitir a la exempleada al anular el despido
La sentencia del TSJC, que ha sido recurrida ante el Supremo, señala que el juzgado de Lleida anuló el despido al considerar que el ayuntamiento había aplicado el Estatuto de los Trabajadores cuando el ejercicio de la demandante era de funciones públicas.
La exsecretaria, según el ayuntamiento de La Portella, fue sancionada por unas faltas cometidas en el ejercicio de sus funciones, reza la sentencia, por las que fue sancionada con el despido, que ahora queda anulado a la espera del recurso ante el Supremo (ver desglose).
De confirmarse el fallo del Tribunal de Justicia de Catalunya, que da la razón a la demandante, el consistorio debería readmitirla e indemnizarla con todos los salarios que no ha cobrado desde que fue despedida en 2012. Esto supone que, a razón de 2.595,62 euros mensuales y sumados los costes, cotizaciones y otros conceptos, unos 200.000 euros.
El consistorio recurre ante el Supremo e insiste en que no volverá El alcalde de La Portella, Carles Català, aseguró este jueves a este diario que el ayuntamiento ya ha recurrido la sentencia ante el Tribunal Supremo, la última instancia a la que pueden acudir. El alcalde destacó que el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya no es firme y explicó que seguirán recurriendo al considerar que el despido de la exsecretaria es válido. “No la vamos a readmitir”, señaló. De hecho, el actual alcalde fue quien decidió despedir a la demandante ante una serie de supuestos “errores administrativos” cometidos por la exsecretaria-interventora que provocaron que el ministerio de Hacienda reclamara al ayuntamiento la devolución de unas ayudas del “Plan Zapatero”. Finalmente, el juez exonoró al ayuntamiento al comprobar que las obras se hicieron.