ENERGÍA
El Supremo multará al ministro Nadal si no restablece ya las primas a plantas de purines
Le impondrá una primera sanción personal de mil euros si dilata el proceso y le advierte de que habrá más || Un año después de la sentencia contra el tijeretazo que cerró las cuatro instalaciones de Lleida
El Tribunal Supremo amenaza con imponer multas personales al ministro de Energía, Álvaro Nadal, si no restablece en las próximas semanas las primas a las plantas de purines tras el tijeretazo que obligó a cerrarlas en 2013. Se trata de una medida inusual para exigir el cumplimiento de la sentencia que el Alto Tribunal dictó hace ya casi un año contra este recorte, que clausuró en Lleida las instalaciones de tratamiento de Alcarràs, la de Miralcamp y las dos de Juneda.
En una providencia del pasado 5 de junio, el Supremo exige que la orden ministerial para restablecer las primas a plantas de purines se presente “antes del 20 de junio” ante la comisión delegada del Gobierno para asuntos económicos. Se trata del último paso para la aprobación de esta norma. En caso contrario, apercibe “personalmente” al ministro de que “se le impondrá una multa coercitiva de mil euros” y le advierte de que a esta primera sanción podrán seguirle otras “hasta la completa ejecución del fallo judicial”.
La orden ministerial debe llegar a la comisión para asuntos económicos antes del próximo 20 de junio
La amenaza de multas personales al ministro es el resultado de incidentes de ejecución de sentencia que han presentado empresas del sector del tratamiento de purines ante los retrasos por parte del Gobierno. Precisamente, la fecha límite que fija el Supremo coincide con el aniversario de la sentencia que revocó el recorte.
Desde el fallo del Alto Tribunal, solo la planta de Miralcamp ha reabierto a la espera de cobrar las nuevas primas que debe fijar el Gobierno. Por su parte, la agrupación de ganaderos de Les Garrigues prepara la reapertura de la planta de Vag a partir del próximo mes de julio mientras tramita el proyecto para tratar residuos urbanos en la de Tracjusa, ambas en Juneda. El futuro de la planta de Alcarràs dependerá de las condiciones de la nueva orden ministerial (ver desglose).
Por su parte, el ministerio de Energía apuntó que “trabaja para sacar cuanto antes una orden ministerial que recoja la sentencia del Supremo” sobre la nueva retribución de las plantas de purines, y que informará sobre ella “en cuanto sea oficial”.
las claves
- El tijeretazo retroactivo. Una orden ministerial recortó en 2013 las primas que recibían las plantas de purines con cogeneración. Dejó los ingresos por debajo de los costes y exigió a cada una devolver 4 millones en primas cobradas el año anterior.
- Plantas cerradas. El tijeretazo cerro las 28 plantas de secado de purines que funcionaban en toda España, entre ellas la de Alcarràs, las 2 de Juneda y la de Miralcamp. Los ganaderos buscaron alternativas para tratar sus excedentes de deyecciones.
- Nuevos dueños. Las plantas cerradas en Lleida pasaron a tener nuevos propietarios. La agrupación de 160 ganaderos de Les Garrigues se hizo con Tracjusa y Vag, en Juneda; Ignis se quedó con la de Alcarràs y Audax, con la de Miralcamp.
- Sentencia del Supremo. El 20 de junio de 2016, el Supremo dictó sentencia contra el tijeretazo a las plantas de purines y dio un plazo de cuatro meses al Gobierno para aprobar una nueva retribución que garantizara su viabilidad económica.
- Retrasos y plantas excluídas. Un año después del fallo del Supremo, el Gobierno no ha restablecido las primas. El borrador de la orden para hacerlo, además, limita esta retribución a las plantas que tienen hasta 15 años de antigüedad, algo que no consta en la sentencia y que impediría reabrir la de Alcarràs y Tracjusa.
Incertidumbre y alternativas para los complejos leridanos Restablecer las primas que reciben las plantas cerradas por producir electricidad mediante sus motores de cogeneración durante el proceso de secar purines puede no bastar para que estas instalaciones puedan retomar la actividad. El borrador de la orden del ministerio de Energía para cumplir con la sentencia del Supremo incluye una disposición que no exigió el fallo del tribunal: limita el cobro de esta retribución a las plantas que tengan hasta 15 años de antigüedad, cuando la normativa vigente hasta ahora les daba derecho a cobrarla hasta alcanzar los 25 años. De aplicarse sin cambios este artículo, dejaría fuera la planta de Alcarràs y la de Tracjusa, en Juneda. Los titulares de esta última, por su lado, desconfiaron desde un primer momento que el Estado restableciera las primas, por lo cual plantearon el proyecto con tratamiento de basura urbana que ha chocado con la oposición ecologista.