Hacienda fiscaliza el Estany d'Ivars o Aeroports de Catalunya en busca de gastos para el 1-0

La fiscalización semanal que el Estado quiere imponer a la Generalitat para verificar que no incurre en gastos vinculados al referéndum se extiende a 183 organismos participados por la Generalitat, entre empresas públicas, consorcios, fundaciones y patronatos en toda Catalunya. Así lo explicó ayer el vicepresident y conseller de Economía, Oriol Junqueras, quien afirmó que uno de los afectados es el Consorci de l’Estany d’Ivars i Vila-sana.

Junqueras mencionó el consorcio que gestiona este espacio natural del Pla d’Urgell como ejemplo de una situación en apariencia inverosímil. “¿De verdad quieren hacer creer que estas entidades pagan el referéndum?”.

Por su parte, el departamento de vicepresidencia añadió que el requerimiento de informes semanales de gastos por parte del Estado afecta a todas las entidades del sector público de la Generalitat, lo que incluye, entre otras, la empresa pública Aeroports de Catalunya, titular de los aeropuertos de Alguaire y La Seu. En esta lista consta también la sociedad pública Actius de Muntanya, propietaria de la estación de esquí de Boí Taüll.

También pueden encontrarse en este listado otras entidades participadas por la Generalitat que tienen su sede en Lleida o que tienen a las comarcas leridanas como ámbito de actuación. Se trata del Consorci del Transport Públic de l’Àrea de Lleida; la Fundació del Món Rural; el Institut de Recerca Biomèdica de Lleida, Fundació Dr. Pifarré y del Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l’Alt Pirineu i Aran, según datos facilitados por la Generalitat. Ninguna se ha caracterizado por su perfil ideológico ni político.