Pueblos del Pirineo defienden en el Supremo sus tasas a las eléctricas

La Pobla de Segur, Talarn y Vilaller defenderán ante el Tribunal Supremo (TS) sus tasas a las compañías eléctricas, después de que el Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) las declarase nulas a finales del año pasado. Los recursos de casación que han presentado estos tres ayuntamientos se han admitido a trámite, meses después de que el Alto Tribunal haya avalado ordenanzas idénticas de cinco consistorios de Galicia, Extremadura y Castilla y León para gravar las líneas que atraviesan terrenos municipales (como avanzó SEGRE el pasado 15 de febrero).

Hasta ahora, la justicia ha mostrado disparidad de criterios sobre estas tasas, con sentencias que varían de una comunidad a otra. Resoluciones judiciales las habían rechazado en Catalunya, Castilla y León, Asturias y la Comunidad Valenciana; mientras que otras las habían ratificado en Galicia, Castilla-La Mancha y Extremadura. Después de que el Supremo se haya pronunciado a favor de ellas, los ayuntamientos esperan ahora nuevas resoluciones favorables que pongan fin a años de litigio en los que no han conseguido cobrar este gravamen a las eléctricas.

La jurisprudencia que ha sentado el Supremo en el último año se tradujo el pasado abril en una sentencia del TSJC favorable a la tasa del ayuntamiento de Aitona que desestimó todos los recursos presentados por Red Eléctrica de España (REE). Esta fue la primera que se emitió en este sentido en la demarcación de Lleida tras diversos fallos en contra. Asimismo, el aval del Alto Tribunal ha llevado también al consistorio de El Pont de Suert a volver a implantar esta ordenanza fiscal para gravar a las eléctricas, tras haber renunciado a ella años atrás a raíz de sentencias que la rechazaron.

Aplicar el gravamen puede suponer unos ingresos de hasta 200.000 eurosAplicar esta tasa puede suponer ingresos de hasta 200.000 euros anuales a las localidades, en función de los metros de líneas eléctricas que acogen en su término municipal y de la potencia de cada una de ellas, así como por la presencia de otras instalaciones. Todas estas ordenanzas en Catalunya y España se basan en un mismo modelo, que ha sido redactado por el bufete leridano Gonzalo Abogados, y van acompañadas de un informe elaborado por el gabinete de ingeniería Valbuena y Ron sobre cómo calcular el importe a pagar en función de las infraestructuras eléctricas de cada municipio. Ambas empresas elaboraron estos documentos por encargo de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).