Fiscalía cita a los primeros quince alcaldes de Lleida por colaborar con el referéndum del 1-O

Al menos una quincena de alcaldes de Lleida comenzaron a recibir ayer citaciones de la Fiscalía de Lleida para declarar sobre su colaboración con la organización del referéndum del 1 de octubre, mientras que la Fiscalía General del Estado cursó sendos oficios en los que ordena al Fiscal Superior de Catalunya y al fiscal jefe de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo citar al menos a otros cinco ediles catalanes que han anunciado que colaborarán con consulta y que también son diputados al Parlament, con lo que tienen condición de aforados. Dos de ellos son de Lleida, Marc Solsona (alcalde de Mollerussa) y Albert Batalla (La Seu d’Urgell). Solsona confirmó anoche la recepción de la citación para declarar el día 19. En estos dos casos, como en los de los otros tres diputados (Neus Lloveras, de Vilanova i la Geltrú; Albert Batet, de Valls; y Ferran Bel, alcalde de Tortosa y diputado en este caso del Congreso), se citan como investigados, asistidos de abogados, pero no se ordena su detención en caso de que no acudan. Todos son del PDeCAT, como la quincena de alcaldes no aforados que también recibieron ayer la carta del fiscal jefe de Lleida para declarar. Entre ellos, Joan Reñé, presidente de la Diputación y alcalde de Fondarella que declarará el día 20; Enric Mir, de Les Borges Blanques, que lo hará el jueves; Josep Ibarz, de Almacelles, que declarará el día 22, y José Antonio Troguet, de El Pont de Suert; Ramon Royes, de Cervera, y Rosa Pujol, de Aitona, la próxima semana. Las comunicaciones se recibieron tanto por email como a través de funcionario judicial. El fiscal los cita como imputados por delitos de desobediencia y prevaricación, aunque no incluye malversación de caudales públicos, tal y como se había anunciado. El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, ordenó a los fiscales citar a más de 700 alcaldes que aparecen en la web de la AMI como colaboradores con el 1-O. Sin embargo, la lista se amplía a diario, ya que el miércoles eran 712 (188 en Lleida) y ayer 734. Maza les advirtió ayer de que se enfrentan a penas de hasta 8 años de cárcel (malversación) e inhabilitación. Los alcaldes consultados se mostraron tranquilos ante la citación.