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SUCESOS TRIBUNALES

A juicio por provocar el aborto a una mujer por una paliza en Agramunt

La Fiscalía pide una condena de 13 años para uno de los dos acusados por los delitos de lesiones y aborto || Serán juzgados el miércoles en la Audiencia Provincial

El jucio está fijado para el próximo miércoles en la Audiencia Provincial de Lleida.

El jucio está fijado para el próximo miércoles en la Audiencia Provincial de Lleida.SEGRE

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La Audiencia Provincial de Lleida tiene previsto juzgar el próximo miércoles a dos personas acusadas de propinar una brutal paliza a otras dos en un local de ocio de Agramunt en el año 2014. Una de las víctimas es una mujer que estaba embarazada y que perdió al bebé a consecuencia de la agresión. Fiscalía pide que a uno de los dos acusados se le imponga una condena a 13 años de prisión por los delitos de lesiones y aborto mientras que el otro procesado se enfrenta a una petición de seis años de prisión (delito de lesiones), según informó ayer el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC).

El Ministerio Público considera que los acusados iniciaron y fueron los autores de una agresión contra las víctimas en el interior de un local de ocio de esta localidad del Urgell. Asimismo, cabe la acusación a una persona de un delito de aborto es muy poco habitual y, habitualmente, suele ceñirse al ámbito sanitario. Concretamente, el artículo 144 del Código Penal considera que es su autor “el que produzca el aborto de una mujer, sin su consentimiento, que será castigado con la pena de prisión de cuatro a ocho años”. El juicio está previsto para las 9.30 horas del miércoles, según informó el TSJC, que no precisó más detalles de la calificación fiscal.

Los hechos tuvieron lugar el año 2014 en un local de ocio de esta localidad del Urgell

Por otra parte, la Audiencia Provincial tiene previsto juzgar el próximo jueves, a partir de las 9.30 horas, a dos abogados acusados de un delito continuado de estafa, según informó también ayer el TSJC. Los hechos ocurrieron en La Vall de Boí. Según el fiscal, los imputados, aprovechándose de la confianza que tenían con las víctimas y de su fama como abogados, ofrecieron servicios jurídicos a los perjudicados consiguiendo de forma ilícita un beneficio patrimonial. El Ministerio Público solicita sendas penas de cinco años de prisión.

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