MEDIO AMBIENTE DEYECCIONES GANADERAS
Aparcarán la nueva Tracjusa si la planta cerrada vuelve a tener primas
Después de que el Supremo haya derogado la norma que le impedía cobrarlas
El proyecto para obtener gas de basura urbana en la planta de purines de Tracjusa quedará aparcado si la antigua instalación de Juneda puede volver a funcionar con gas natural, la misma tecnología que empleaba cuando cerró en 2014. Así lo afirmó la asociación de ganaderos GAP, propietaria de esta instalación. La entidad explicó que el Tribunal Supremo ha abierto la puerta a esta posibilidad, al derogar el límite de 15 años de antigüedad que impedía a esta planta cobrar las primas que necesita para ser económicamente viable (ver SEGRE del jueves). Sin embargo, la decisión dependerá de cuánto tardará el Gobierno en acatar este fallo judicial y en qué condiciones restablecerá las retribuciones por generar electricidad.
El presidente de GAP, Eduard Cau, afirmó que “no tendría mucho sentido invertir seis millones en la nueva Tracjusa si la planta puede volver a tratar purines con el sistema actual”. Tras la sentencia del Supremo, Tracjusa podría recibir primas hasta 2026, mientras que la planta ya en funcionamiento de Vag prolongaría su vida útil hasta 2029. Sin embargo, Cau puntualizó que “habrá que ver cómo actúa el Gobierno”. En este sentido recordó que, tras el recorte a las primas que cerró todas las plantas de secado de purines de España en 2014, el ministerio de Energía “tardó un año” en aplicar la sentencia del Supremo que obligó a restablecerlas en 2016 y, cuando al fin lo hizo el pasado verano, “modificó la normativa para limitarlas a 15 años”. A la espera de la nueva orden ministerial, apuntó, seguirá adelante la tramitación de la Nova Tracjusa. Cabe recordar que este proyecto ha chocado con la oposición de una plataforma vecinal y de ERC.
Piden reducir trámites y costes con el nuevo decreto de purines Unió de Pagesos (UP) presentó ayer en Juneda sus alegaciones al nuevo decreto sobre gestión de purines. El sindicato plantea reducir trámites y costes para los ganaderos, con propuestas como limitar la obligación de controlar con dispositivos GPS la aplicación de deyecciones en cultivos. Por otra parte, Ipcena se manifestó ayer ante la conselleria de Agricultura en Barcelona para protestar contra el nuevo decreto sobre purines, al considerar que “favorece al sector industrial porcino”.