El TSJC anula el plan de la planta de biomasa de Nufri tras seis años de oposición vecinal

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha declarado nulo de pleno derecho el plan especial urbanístico de la planta de biomasa que Nufri proyectaba en El Palau d’Anglesola, en terrenos limítrofes con los del municipio de El Poal. La sentencia estima un recurso de dos particulares, miembros de la plataforma Salvem el Territori Pla d’Urgell, después de seis años en que este colectivo se ha opuesto al proyecto mediante protestas públicas y litigios ante los tribunales.

Este fallo judicial, del pasado mes de noviembre, anula la resolución del entonces conseller de Territorio y Sostenibilidad, Santi Vila, que dio la aprobación definitva al plan especial urbanístico en abril de 2014. Previamente, el proyecto había recibido el visto bueno de la comisión de Urbanismo de Lleida. Los magistrados señalan que el expediente se aprobó sin una evaluación de impacto ambiental, y valoran que la normativa exigía llevarla a cabo. En este sentido, la sentencia cita estudios aportados por los demandantes que desaconsejan la instalación de la planta de biomasa en los terrenos elegidos por Nufri por posibles afectaciones a especies protegidas como el sisón común.

La sentencia condena en costas a la Generalitat y a la empresa promotora (que se personó en el litigio como codemandada), con un máximo de 2.000 euros. Todavía no es firme, por lo cabe la posibilidad de presentar recurso de casación ante el Tribunal Supremo. La empresa declinó hacer comentarios sobre esta cuestión. Por otra parte, quedan otros frentes judiciales abiertos contra el proyecto de esta planta de biomasa, la segunda en Lleida anulada en los tribunales.

El proyecto planteaba una planta de biomasa de 14 MW de potencia en terrenos propiedad de Nufri próximos a las instalaciones de los viveros de su filial Certiplant, con la que debía compartir instalaciones como un gran almacén. La propuesta chocó con oposición ecologista y de vecinos y el ayuntamiento de El Poal, que temían perjuicios como contaminación del aire y un fuerte aumento de los vehículos pesados en la zona. El tijeretazo del Estado a las renovables en 2012 paralizó las obras incluso después de obtener los permisos necesarios.