Más de la mitad de los municipios en Lleida funcionan sin plan urbanístico

Un 60% de los ayuntamientos de Lleida no tienen plan urbanístico y diseñan el desarrollo del municipio con normas subsidiarias o de planeamiento. La diferencia es que los POUM permiten proyectar el crecimiento municipal de forma completa durante 20 años y controlan los distintos desarrollos. Entre las capitales de comarca, solo hay 5 con POUM.

Todos los municipios tienen en Catalunya normas urbanísticas pero no todos cuentan con un Plan de Ordenación Urbanística Municipal (POUM). En Lleida, solo cuentan con él un 40% de los ayuntamientos y el resto diseña y planifica su desarrollo con normas subsidiarias de planeamiento; normas de planeamiento urbanístico o planes plurimunicipales. Lleida y La Seu d’Urgell se rigen por un plan general de ordenación, un documento que la dirección general de Urbanismo considera ya desfasado y que está en proceso de sustitución al menos en la capital. Según la conselleria de Territorio, la diferencia entre el POUM y las normas de planificación es que estas solo permiten establecer mapas delimitados de suelo urbano y no urbanizable, pero no permiten planificar de forma conjunta el crecimiento urbanístico del municipio ni diseñar nuevas zonas de expansión.

Según datos de la conselleria, 92 de los 231 ayuntamientos de Lleida cuentan con un POUM, que diseña el futuro urbanístico y el crecimiento de un municipio, incluida la vialidad, a 20 años vista. Alrededor de 80 ayuntamientos más se rigen por normas subsidiarias de planeamiento; unos 40 tienen normas de planificación urbanística; 12 disponen de una plan de ordenación plurimunicipal y dos cuentan con un Plan General de Ordenación.

En cuanto a las capitales de comarca, solo cinco disponen de un POUM. Son Tremp (que lo aprobó en 2012); Cervera (2016); Tàrrega (2006); Mollerussa y Solsona (2009). El resto funcionan con normas subsidiarias, planes directores o planes de ordenación urbanística.

Les Borges Blanques está a la espera de que la comisión de Urbanismo apruebe el POUM, que tramita desde hace 10 años. Mientras, el planeamiento actual está sujeto a las normas subsidiarias de 1995. La cabecera de comarca con las normas urbanísticas más antiguas es Sort (1981, año en el que coincide con Rialp), aunque se hizo una revisión en 1997. El alcalde, Raimon Monterde, señaló la voluntad del consistorio de impulsar el POUM pero admitió la falta de tiempo y dinero. Vielha tiene también normas subsidiarias de hace 35 años y el alcalde, Juan Antonio Serrano, aceptó la propuesta de la oposición de iniciar la redacción de un POUM. Ahora se rige por un plan director de Aran. Balaguer también tiene normas subsidiarias desde 1983, revisadas en 2000. El primer edil, Jordi Ignasi Vidal, dijo que el POUM es importante pero han tenido otras prioridades como los planes de emergencias. El Pont de Suert inició la redacción del suyo en 2009 y lo paró en 2012 por dudas sobre la zonas inundables. El ayuntamiento de La Seu, por su parte, ha introducido más de 30 modificaciones al PGO, la última en 2015. Plantea un nuevo plan para finales de este mandato e inicios del próximo.

Alcarràs veta construir pisos de menos de 60 metros quadrados

El ayuntamiento de Alcarràs ha aprobado incorporar al POUM la prohibición de que se construyan en todo el municipio pisos de menos de 60 metros cuadrados. El alcalde, Miquel Serra, explicó ayer que así lo acordó el pleno la semana pasada junto con la rebaja de una planta en el techo máximo de edificación de las viviendas del centro. Esta limitación se obvia en la zona perimetral al centro. En concreto, “en todo el interior del municipio se podrán construir edificios de solo planta baja y dos pisos”, señaló.

Alcarràs es uno de los ejemplos más utilizados para describir los estragos del boom de la construcción. Durante los años de expansión urbanística, el ayuntamiento no disponía de POUM y se regía por unas normas subsidiarias que, según el alcalde, dieron carta blanca a la especulación. En 2009 el consistorio aprobó el plan de ordenación urbanística, que no establecía límites mínimos de dimensión de las viviendas y la normativa superior, explica el primer edil, aceptaba los pisos de 35 metros cuadrados, lo que incentivó la construcción de vivienda pequeña y barata. “Esto ha condicionado la tipología social que tenemos en Alcarràs”, producto del crecimiento de los años 90 y primeros 2000. Ahora tienen 9.700 vecinos de 54 nacionalidades y, según el alcalde, una bolsa de vivienda aún vacía de unas 500 unidades, entre constriudas y a medio hacer.

En Lleida hay pocos precentes del veto a la construcción de minipisos. Vallfogona de Balaguer es uno de los precursores. El ayuntamiento aprobó una modificación similar a la de Alcarràs en 2007. En Mollerussa, en cambio, hace unos años suprimieron una limitación de construir pisos de menos de 90 metros cuadrados. Consideran que si se cumplen los requisitos de habitabilidad del Govern y densidad de construcción del POUM es suficiente.