Mollerussa desaloja a las primeras catorce familias del grupo Sant Isidori por seguridad

El ayuntamiento de Mollerussa y la Generalitat, a través del Institut Català del Sòl (Incasòl) y la Agència de l’Habitatge de Catalunya, han iniciado el proceso para desalojar 14 familias de sus viviendas ubicadas en el grupo Sant Isidori. El objetivo que exponen ambas entidades es garantizar la seguridad de los vecinos y también la de la estructura del edificio, siguiendo así las recomendaciones de los informes técnicos elaborados después de inspeccionar los pisos afectados y comprobar que el entramado de vigas no reúne las condiciones de seguridad necesarias. Esta medida forma parte del proyecto de reforma del grupo de viviendas, que engloba un total de 26 pisos de los cuales 14 son los que se encuentran habitados. El proyecto desarrolla un convenio de colaboración firmado el pasado mes de agosto entre el consistorio de la capital del Pla d’Urgell y los departamentos de Gobernación, Administraciones Públicas y Vivienda y de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat con el objetivo de resolver la problemática derivada del estado de conservación del grupo Santo Isidori. El convenio contempla una intervención en todo el grupo, que incluye hasta 160 viviendas.

Para llevar adelante este proceso, la Agència de l’Habitatge de Catalunya ha creado una bolsa con 14 viviendas para que así se pueda proceder al alojamiento temporal de las familias que tengan que dejar su piso y no dispongan de alternativa de vivienda propia, una intervención que se llevará a cabo a través de la comisión técnica de seguimiento del convenio, que propondrá la asignación de los pisos. Ayer por la mañana, técnicos de la Generalitat, del consistorio y de los Servicios Sociales Básicos informaron a las familias afectadas para que, como muy tarde, el próximo día 26 de este mes se haga efectivo el desalojo de los pisos y la entrega de la llaves al ayuntamiento. La entidad municipal será la encargada de tomar las medidas urgentes necesarias para garantizar la seguridad estructural de los edificios y proceder a continuación a prohibir el acceso. El consistorio llevará a cabo las actuaciones necesarias por la vía de urgencia para posteriormente repercutir el coste económico a las personas afectadas.

La actuación se enmarca en un convenio firmado por el consistorio y tres conselleries

El ayuntamiento cedió a principios de mes al Incasòl una oficina en el complejo de L’Amistat para las entrevistas con los afectados y poder conocer las necesidades de las familias a la hora de poder reubicarlos en otras viviendas sociales.