El alcalde de Torrefarrera, denunciado por la antigua adjudicataria del agua

El alcalde de Torrefarrera, Jordi Latorre, declaró ayer en los juzgados de Lleida a raíz de una denuncia de la antigua empresa responsable del servicio de agua de boca, Cassa, por presuntos delitos de coacción y prevaricación, que va en paralelo al litigio que mantiene con el consistorio por su remunicipalización. Según la firma, el 2 de enero se ocuparon las instalaciones que usaba a través de la policía municipal para sustituir las cerraduras e impidiendo el paso al personal de la empresa, lo que califica como coación. Además, aduce un ejercicio arbitrario del poder por no respetar el procedimiento legal y administrativo y las resoluciones judiciales que todavía no son firmes (prevaricación). Por ello, se ha visto obligada a denunciar al alcalde, “un hecho sin precedentes para la compañía”, según Cassa. Latorre negó todas estas acusaciones y mostró su malestar por “estas actuaciones agresivas y deslegitimadas centradas en su persona, pese a tener el respaldo del pleno municipal”. El alcalde aclaró que el pasado noviembre el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya levantó las medidas cautelares y permitió la reversión del servicio al consistorio. En diciembre el pleno dio luz verde a retomarlo a partir de enero de este año. “Se requirió a Cassa dos veces para que entregara las llaves y la documentación y el día 2, al personarnos en las oficinas, nos dimos cuenta de que habían cambiado la cerradura original. Entramos sin ningún tipo de violencia en las instalaciones”, indicó. El día 4, Cassa presentó de nuevo un recurso para la suspensión cautelar del servicio ante el juzgado contencioso de Lleida y la jueza falló días después que se parara. El consistorio acató esta decisión pero recurrió “y le presentó toda la documentación del TSJC, por lo que nos volvió a dar la razón”, dijo.

El consistorio, seguro de haber cumplido con lo que marca la ley Una última sentencia de finales de enero del juzgado contencioso permite al consistorio continuar con la gestión del agua, una medida que adoptó a finales de 2015 y que no se ha podido aplicar por continuos litigios, primero entre Cassa y Aqualia por hacerse con la explotación, y ahora entre Cassa y el ayuntamiento. Sobre la denuncia, Latorre remarcó que nunca ha habido coacción porque se avisó con antelación y no hubo malas prácticas. “Es ilógico que me acusen de no respetar el procedimiento cuando hemos estado años acatando decisiones judiciales”.