La Guardia Civil acusa a un agente de facilitar el contrabando de tabaco

La división de asuntos internos de la Guardia Civil concluyó ayer que, con su investigación, uno de sus agentes que había estado destinado en la aduana de la Farga de Moles había sido el facilitador de un grupo organizado para el contrabando de tabaco procedente de Andorra. Así lo declaró ayer un responsable del departamento durante el juicio celebrado en la Audiencia de Lleida contra tres acusados, entre ellos este guardia civil, para quienes la Fiscalía solicitó entre cinco y tres años de prisión. Los tres están acusados de un delito de contrabando y de pertenencia a organización criminal. Los hechos juzgados se remontan al 25 de mayo de 2012, cuando, en el marco de un operativo policial, la Guardia Civil interceptó a un camión en la N-245 en La Seu d’Urgell, cerca de la aduana, que transportaba tabaco de contrabando valorado en casi 250.000 euros. Según declararon ayer los agentes, el camionero, al ver que iban a inspeccionar el vehículo, espetó a uno de ellos: “Me habéis pillado. Voy cargado de tabaco”. El operativo se puso en marcha el año anterior, en 2011, al tener indicios de que el guardia civil acusado se dedicaba a tareas ilícitas. Durante el transcurso de la investigación, el agente solicitó su traslado de La Seu a Alicante. El juez aceptó la intervención de las llamadas telefónicas de los tres acusados. Según declaró ayer el sargento de Asuntos Internos de la Guardia Civil, de las llamadas y mensajes se constató un contacto entre el vecino de Andorra y el agente investigado. Incluso se reunieron en varias ocasiones. Para facilitar el paso de los camiones con el tabaco, los investigadores tienen el convencimiento de que el agente tenía la ayuda de otros guardias civiles, pero este extremo, constataron, no se ha podido demostrar. Entretanto, las defensas solicitaron que se anulen las intervenciones telefónicas al no contar con el auto judicial que confirme su prórroga y todas las pruebas que deriven de las escuchas. Por ello, solicitaron la absolución de sus defendidos. Además de prisión, la Fiscalía solicita una multa de 1 millón de euros para cada uno. En la causa también se ha personado la Abogacía del Estado por los impuestos defraudados con el contrabando.