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Andorra cumple veinticinco años de modernidad tras 7 siglos de tradición

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La céntrica avenida Meritxell.

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Andorra celebra el próximo miércoles el 25 aniversario del referéndum de la Constitución. La Carta Magna supuso la entrada en la modernidad de un país con siete siglos de historia que se ha visto obligado a lo largo de los años a afrontar y adaptarse a numerosos retos. Su última lucha, dejar las listas de paraísos fiscales y asociarse a la UE.

No todo el mundo sabe que Andorra se fundó en Lleida. Fue hace 740 años en la notaría de Arnau de Vall-Llebrera. Las continuas disputas entre el obispo de Urgell Pere d’Urtx y el conde de Foix Roger Bernat III llevaron al notario a elaborar un escrito, el primer pariatge (1278), que creó la figura del coprincipado y les otorgó iguales derechos sobre los valles de Andorra. Hasta los años 80 del siglo pasado, el principado conservó resquicios de una estructura feudal adaptándose a la modernidad, desde una posición siempre neutral, y a las olas migratorias desde Francia y España al compás de las guerras mundiales y la guerra civil.

Andorra se adentró entonces en el progreso y vivió un crecimiento por encima de la media de la mano de sectores como el de la construcción, que llegó a aportar el 12% del Producto Interior Bruto, “cuando lo óptimo es entre un 3 y un 4%”, señala el jefe del Gobierno andorrano, Antoni Martí (Demòcrates per Andorra). Se convirtió en el país del azúcar, el queso y el tabaco. También en paraíso fiscal. Turismo, comercio y sector financiero multiplicaron la riqueza y el secreto bancario atrajo los depósitos de las grandes fortunas mientras que empresa y consumo no debían afrontar ni el Impuesto de Sociedades y el IVA. De ahí que los productos fueran considerablemente más baratos en Andorra. El contrabando es una buena muestra.

El IRPF andorrano se estrenó en enero de 2015 y en 2016 tuvo 14.701 declaraciones

En 1993, el pequeño país decidió entrar en la modernidad y dotarse de una constitución. Tenía una jefatura de Estado de origen feudal (los copríncipes de La Seu y Francia) y un parlamento que en 2019 cumplirá seis siglos. Pero ninguna carta magna aseguraba derechos y deberes de nacionales y residentes. Y el progreso reclamaba una ley de leyes. Finalmente, la Constitución se refrendó el 14 de marzo de 1993 y el próximo miércoles cumple 25 años. Sobre un censo de 9.123 electores, la votó el 75% y el ‘sí’ fue aplastante. Como todo en Andorra, la Constitución es una muestra de equilibrio entre tradición y modernidad. Tanto el jefe del Ejecutivo, como el Síndic General (presidente del Parlament), Vicenç Mateu, defienden que es una de las pocas que incorpora entre su articulado el derecho al medio ambiente o “equilibrio ecológico”. La legislación andorrana permite uniones entre personas del mismo sexo y reconoce su derecho a la adopción. Pero en el lado opuesto prohíbe el aborto, lo que apenas genera debate, entre otras causas, porque es la línea roja que el coprincipado de La Seu nunca cruzará. La crisis y la necesidad de salir de las listas internacionales de paraísos fiscales (los casos Pujol y el BPA no han ayudado) han obligado al país a crear un sistema fiscal “en menos de seis años”, señala el Cap de Govern. La capacidad de adaptación llevó también a negociar, desde hace tres años, su asociación con la UE. Pero la “negociación no acabará en este mandato”. Desde 2012 permite que se implanten en el país empresas de capital mayoritariamente extranjero y ha supuesto ingresos de 97 millones al año (2016), un 3,8% del PIB.

El nuevo impuesto de la renta genera 30 millones El impuesto de la renta de las personas físicas ha alcanzado los 30.451.144 euros de ingresos para Andorra en el segundo año desde la creación de este tributo, correspondiente a la campaña de 2016. Son cifras de la liquidación facilitadas por el Gobierno andorrano y que muestran un incremento respecto al primer ejericio de implantación de la nueva figura tributaria, que en la campaña de 2015 generó 23,98 millones de euros. El incremento lo atribuyen, según fuentes oficiales del gobierno, a la implantación progresiva del impuesto. Al cierre del primer ejercicio (2015), el grado de cumplimiento fue elevado y la cifra va cada vez a mejor, indicaron. La campaña del 2015 se cerró con la presentación de 13.489 declaraciones y la campaña del 2016 se cerró el pasado mes de octubre con 14.701 declaraciones, un incremento de casi el 14%. De ellas, el 65% se hicieron de forma presencial y el 35% restante online, una fórmula que utilizan cada vez más los ciudadanos.El tributo entró en vigor el 1 de enero de 2015 y también afecta a los trabajadores transfronterizos (1.200 personas), que pueden acogerse a un régimen especial para conseguir unas condiciones similares al resto de asalariados andorranos. Pueden deducir los gastos de la cotización de la CASS (seguridad social andorrana) y acogerse al máximo exento de 24.000 euros anuales y a la reducción del 50% prevista para el tramo entre este mínimo y los 40.000 euros. Si no lo hacen, la figura que grava los sueldos de los trabajadores transfronterizos es el Impuesto de la Renta de los No Residentes, una retención del 10% de los beneficios obtenidos en el país.

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