«Andorra se definió como objeto jurídico no identificado»

Cuenta Vicenç Mateu, Síndic General o presidente del parlamento andorrano, que a las puertas de la década de los 70 hubo un debate sin acuerdo sobre qué era Andorra. El peso de la tradición y la necesidad de entrar en la modernidad, también de preservar la neutralidad, la dejaban al margen de cualquier estructura de Estado conocida. Los poderes encargaron un informe jurídico a un especialista austríaco que concluyó que se trata de un O.J.N.I, un “objeto jurídico no identificado”. Mateu admite también que Andorra es el producto de varios equilibrios necesarios: entre copríncipes de países vecinos (España y Francia), entre tradición y modernidad, entre soberanía nacional y colaboración internacional. “Somos el microestado con la legislación más abierta” en cuanto a la nacionalidad, añade el Síndic General. El país tiene actualmente unos 74.800 habitantes, de los que el 51% son residentes, sin nacionalidad. “Tienen todos los derechos económicos pero no pueden votar”, señala. Aún así, calcula que “entre 5.000 y 7.000 residentes” podrían acceder a la nacionalidad andorrana por matrimonio o por residencia, pero no lo hacen. La constitución prohíbe la doble nacionalidad y muchos residentes no quieren perder la suya. Otro de los “secretos” del actual Principat, reconoce Mateu, es que sus orígenes fueron pobres. “Si hubiera sido rico, no se hubiera mantenido independiente” ni hubiera sobrevivido como lo ha hecho a lo largo de 740 años. “En sus orígenes fue un lugar muy pobre. Tenía una población de 5.000 personas. Debía ser la que el territorio podía alimentar. El gran desarrollo fue a partir de la construcción de las centrales hidroeléctricas y de las guerras en Europa”, que generaron varias olas migratorias. Sin capacidad militar, “Andorra debía renunciar a la fuerza y optar por la razón y la astucia”, que equivalen a “no enfadar” al vecino. El parlamento andorrano cumple el año que viene seis siglos, presume Mateu.