Anulan el juicio por la estafa a Ros Roca por la muerte de un acusado

La Audiencia de Lleida suspendió ayer el juicio que tenía previsto celebrar contra dos acusados de una presunta estafa a la empresa Ros Roca hace 16 años después de que la defensa de uno de ellos comunicara que su cliente había fallecido. La decisión del tribunal se tomó instancias de la acusación particular, la única parte que pidió suspender el juicio hasta que se acredite oficialmente el fallecimiento de uno de los acusados, ya que su defensa aportó la fotocopia de un certificado de defunción alegando que la mujer del acusado le había comunicado el martes su fallecimiento. La Fiscalía se opuso a la suspensión, igual que las defensas, mientras que el tribunal señaló que no podía pronunciarse sobre la extinción de la responsabilidad penal del acusado fallecido, de 61 años, hasta acreditarse su defunción.

El otro acusado, de 59 años y que vive en la República Dominicana, sí asistió a la vista y el presidente del tribunal señaló que se tendrá en cuenta este desplazamiento a la hora de fijar otra fecha para un nuevo juicio. Además, las defensas insistieron en que, una vez que el acusado de nacionalidad española ha fallecido, la competencia para juzgar los hechos es de la Audiencia Nacional, ya que fueron presuntamente cometidos por un ciudadano extranjero y fuera de las fronteras españolas. El fiscal rechaza esta competencia.

En el escrito de acusación, el Ministerio Público solicita una condena de un año y nueve meses de prisión para cada uno y una multa de 1.500 euros por un delito de estafa en grado de tentativa y falsedad en documento mercantil. El ciudadano español trabajaba para Ros Roca en operaciones en la República Dominicana a cambio de una comisión y en 2002, haciendo uso de los poderes que el presidente de la firma leridana le había dado para gestionar un concurso público con el Gobierno dominicano, simuló y firmó con otro acusado supuestamente un contrato en el que pactaba una comisión de 2,4 millones de dólares (1,95 millones de euros), una condición que según Ros Roca nunca se autorizó. Los acusados recurrieron a la justicia dominicana para cobrar la comisión mientras la empresa presentó una querella en los juzgados de Cervera.