La EMU cierra las cuentas del 2017 con un beneficio de 129.000 euros
Mejoran los ingresos por ventas de parcelas
El Superior de Justicia da la razón a la Paeria en una pedida por justificantes de subvenciones
El consejo de administración de la Empresa Municipal de Urbanismo de Lleida ha dado luz verde este lunes a las cuentas del 2017, con un beneficio de 129.000 euros, antes de remitirlas al pleno del ayuntamiento para su aprobación.
Según ha explicado la Paeria, las cuentas del 2017 reflejan el incremento por venta de parcelas, un concepto que ha supuesto unos ingresos de 1.161.700 euros durante el pasado año, mientras que en el ejercicio anterior este ingreso fue de 976.053 euros.
Con respecto a la deuda total de la EMU, junto con el de la Paeria, ha seguido disminuyendo desde e2012 y en 2017 la ratio de la deuda fue de un 48,8%, un porcentaje que se sitúa muy lejos del límite legal establecido en el 110% de los ingresos corrientes.
La primera teniente de alcalde y presidenta de Consejo de Administración del EMU, Montse Mínguez, ha manifestado su tranquilidad y convencimiento de que las cuentas de la EMU se han realizado correctamente y “ante los hechos denunciados por Postius la pasada semana quiero manifestar la sorpresa de todos los miembros del Consejo de Administración, incluidos los tres miembros nombrados por el partido del PdCat. Hecho que demuestra, una vez más, lo que decía el equipo de gobierno: Toni Postius actúa sol, es una denuncia a título individual”.
Por su parte, los miembros del consejo de administración de la Empresa Municipal de Urbanismo de Lleida nombrados por el grupo municipal del PDeCAT han afirmado que la EMU carece de viabilidad y han pedido al consejo de administración que acuerde iniciar el proceso de concurso voluntario de acreedores. Han solicitado a la presidencia que se sometiera a votación esta cuestión, que no ha sido atendida.
Con respecto al voto contrario a las cuentas del 2017, los consellers destacan que las tasaciones de activos de la empresa que se hicieron a finales de 2015 ya no tienen validez por el hecho de haber transcurrido más de seis meses desde que se hicieron. Según el PDeCAT, el voto ha sido contrario, siguiendo la línea de los últimos ejercicios, “entendiendo que el valor de las existencias que figura a los balances -que representan un 80% del valor de la empresa-, no recoge la realidad de la situación”.
