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La pugna por el vertedero del Segrià llega ante el juez

Contencioso de FCC y Benito Arnó contra la resolución del Tribunal de Contratos Públicos || El recurso no frena el contrato

El vertedero de Montoliu.

El vertedero de Montoliu.SEGRE

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La pugna por conseguir las obras de ampliación y gestión del vertedero de Montoliu ha llegado hasta el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC). La UTE formada por Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) y Benito Arnó ha presentado un contencioso administrativo contra la resolución del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, que desestimó el recurso presentado por la UTE contra el consorcio de Residuos del Segrià por adjudicar el contrato de gestión y ampliación del vertedero. El tribunal de contratos públicos desestimó en febrero los recursos que mantenían suspendida la adjudicación a la unión de empresas de Romero Polo y Valoriza desde el pasado verano.

El concurso se resolvió a favor de estas dos firmas el pasado mayo por un importe superior a los 40 millones de euros, resultado de la suma de 25,6 millones por la gestión del vertedero (en 10 años, prorrogable otros 10) y unos 14 millones por las obras de ampliación de las instalaciones. Sin embargo, este contencioso administrativo no paraliza ni suspende el proceso de la ampliación y la gestión del vertedero de Montoliu al no existir, de momento, ninguna medida cautelar del juez que paralice la adjudicación del nuevo concurso. La presidenta del consell del Segrià, Maria José Invernon, aseguró ayer que de momento el TSJC no prohíbe firmar el contrato “por lo que nosotros seguimos los plazos marcados y en breve haremos efectivo el contrato con Romero Polo y Valoriza”, dijo. Señaló que paralelamente el consorcio de residuos, formado por el consell del Segrià, Paeria y Generalitat, está liquidando con FCC el antiguo contrato para poder firmar lo antes posible el nuevo. Según la presidenta del ente comarcal del Segrià, la previsión es que las obras podrían iniciarse este mismo año y la gestión la asumirá en cuanto entre en vigor la adjudicación. Este proceso va paralelo al de la recogida puerta a puerta, que está en suspenso hasta la resolución de otro recurso.

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