TRIBUNALES SENTENCIA
El Gobierno subvenciona con 6.106 euros al asesino del vecino de L'Albi
El ministerio de Exteriores da este dinero a españoles condenados a muerte en el extranjero || Artur Segarra secuestró y mató a David Bernat en Tailandia
Artur Segarra fue condenado el año pasado por el secuestro, tortura y asesinato de David Bernat.
Artur Segarra, condenado a la pena de muerte en Tailanda por el asesinato del vecino de L’Albi David Bernat en enero de 2016 en Bangkok, recibió el año pasado una subvención de 6.106 euros por parte del Gobierno español. Se trata de una ayuda correspondiente a la subvención anual que el ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación concede a los españoles condenados a muerte en el extranjero. El año pasado tuvo dos beneficiarios: Artur Segarra y Pablo Ibar (preso en Estados Unidos y destinatario único de esta ayuda desde que se creó en 2009). Según datos de Exteriores, de los 30.000 euros correspondientes a la convocatoria de 2017, un total de 23.894 euros fueron para la Asociación contra la Pena de Muerte Pablo Ibar y los otros 6.106 para la Associació pro Drets Humans y contra la Pena de Mort ASP, puesta en marcha por los familiares de Segarra. La diferencia entre las cuantías entregadas a ambas asociaciones responde a las necesidades detalladas por cada asociación a la hora de solicitar las ayudas
El catalán Artur Segarra fue condenado en abril del año pasado a pena de muerte después de ser hallado culpable de secuestrar, asesinar y torturar al vecino de L’Albi David Bernat en enero de 2016 en Bangkok. El tribunal tailandés encontró válidos los argumentos de la Fiscalía por el asesinato y otros doce delitos motivados por el robo del dinero que la víctima tenía en una cuenta corriente en Singapur. Lo consiguió, según los fiscales, torturándole para que le diera el número PIN, tras lo que le asfixió con una bolsa. El tribunal dictaminó que había suficientes pruebas que demuestran su autoría.
En el caso de Segarra, el Gobierno español está prestando asistencia consular y haciendo gestiones para que su caso cuente con garantías procesales. Su condena está recurrida ante la Corte de Apelación. En Tailandia no se ha aplicado ninguna condena a muerte desde 2009. El Gobierno justifica la existencia de esta subvención a los condenados a muerte por “la excepcionalidad de la pena de muerte”, un castigo no previsto en el ordenamiento jurídico español y cuya abolición universal es uno de los objetivos expresos de la política exterior española.
