Lleida gana 4.000 plazas en pisos turísticos en solo un año y el sector pide limitaciones

Lleida ha ganado 4.000 plazas de pisos turísticos en solo un año y ya son 12.606 frente a las 8.000 de las que disponía la demarcación en julio de 2017, mientras que el sector pide limitaciones a estas viviendas de alquiler turístico (HUT, en sus siglas en catalán). La Generalitat fijó en 2012 la normativa que regula estos pisos y provocó que su número se disparara y actualmente en Catalunya son 69.300, con unas 394.200 plazas, aunque solo son el 78,8% de las que se calcula que realmente hay, según datos de la Agència Catalana de Turisme, por lo que quedaría más de un 20% por “legalizar”. En las comarcas de Lleida hay 2.209 HUT y el aumento en el número de apartamentos turísticos provocó que Vielha decidiera suspender durante un año la concesión de licencias para frenar su proliferación y estudiar su impacto. La hostelería denuncia que estos alojamientos perjudican al sector del alquiler de viviendas, debido a que los propietarios prefieren arrendar estos pisos por un precio más elevado a los turistas. Asimismo, en el ayuntamiento de Naut Aran, donde hay unos 800 HUT, tienen abierto el debate sobre una moratoria para frenar las licencias para estos inmuebles, según explicó el alcalde, César Ruiz Canela.

El gerente de la federación de hostelería, Ramon Solsona, explicó ayer que el sector pide que límites a esta práctica y que no cualquier vivienda tenga la calidad de piso de alquiler turístico y apuntó que ellos pondrán sobre la mesa “limitaciones importantes” a estos inmuebles, debido a que los trabajadores temporales que se desplazan a otra localidad a vivir se encuentran con dificultades para encontrar una vivienda, ya sea por su elevado precio o porque los pisos se destinan a los visitantes.

Denuncia que afectan a los alquileres y exigen que no cualquier vivienda pueda alojar a turistas

Solsona puso como ejemplo las limitaciones que proponen Palma de Mallorca, Japón, París o Londres. En este sentido, cabe señalar que Palma fue pionera al prohibir estas viviendas en edificios plurifamiliares tras detectar que más del 90% de la oferta era irregular. En Japón, la plataforma Airbnb eliminó el 80% de sus anuncios tras la aprobación de una nueva ley que obliga a los propietarios a estar registrados y contar con los permisos correspondientes. Asimismo, el ayuntamiento de París denunció ante la justicia a Airbnb por no cumplir con el requisito de registrar en el consistorio las viviendas privadas que ofrecen en alquiler, mientras que en Londres se limita a 120 los días de alquiler de un HUT.