AGUAS LITIGIO
La juez obliga a la Segarra a retornar parte del recibo del agua a 5 pueblos
Anula la tarifa del consell a raíz de un recurso de Tarroja, Talavera, Granyena, Sant Ramon y Granyanella || La sentencia no es firme y el ente comarcal la recurrirá
Imagen de archivo del pleno del consell de la Segarra.
Una sentencia ha declarado nulas las tarifas del suministro de agua a los ayuntamientos que el consell de la Segarra estableció en 2016. El juzgado de lo contencioso administrativo de Lleida ha estimado un recurso de los consistorios de Tarroja, Talavera, Granyena, Granyanella y Sant Ramon. El fallo establece que estos municipios tienen derecho a exigir la devolución de las cantidades “ingresadas indebidamente” en los últimos dos años, mientras que el ente comarcal avanzó que lo recurrirá (ver desglose).
La resolución judicial no especifica la cantidad a devolver a los ayuntamientos, algo que debe establecerse en la fase de ejecución. El alcalde de Sant Ramon, Aleix Bochaca, estima que en el caso de su municipio podría ascender a unos 12.000 euros al año desde 2016. Cabe recordar que los ayuntamientos repercuten el coste del abastecimiento en el recibo del agua que pagan los vecinos.
El recurso de los ayuntamientos, todos gobernados por el PDeCAT, impugnó tanto las tarifas como el hecho de que el consell se atribuyera la competencia sobre la gestión del agua a través de un cambio en el convenio de gestión con los municipios. La sentencia estima que la competencia del suministro de agua es municipal y el ente comarcal tan solo la tiene delegada. En consecuencia, anula también las tarifas al no haberlas consensuado con los ayuntamientos.
El problema por el precio del agua impulsado por el gobierno comarcal de ERC, INSE y PSC se convirtió en un tema político que puso en evidencia las discrepancias con el PDeCAT. Estas tensiones volvieron a salir a la luz al negociar la traída de agua desde el canal Segarra Garrigues.
Casoliva defiende el precio actual frente a un convenio “obsoleto”
El presidente del consell comarcal, Xavier Casoliva (ERC), avanzó que recurrirán la sentencia ante el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) porque “provoca una situación injusta ya que se basa en un convenio obsoleto”. Frente al antiguo acuerdo, Casoliva defendió que las tarifas que el ente comarcal fijó en 2016 ajustan el precio del suministro al consumo real. Cabe recordar que el convenio se basaba en un consumo de 300 litros por habitante al día (ver claves). “Si Cervera y Guissona consumiesen los 300 litros de agua al día que pagaban, las granjas de pueblos de la comarca no se podrían abastecer”, apuntó el presidente comarcal.
