TRIBUNALES CRIMEN
Imputan también un delito contra la fauna al asesino confeso de Aspa
Las asociaciones de agentes rurales, por cazar en el coto sin permiso del titular || Piden además inhabilitación y alejamiento de los familiares de las víctimas
Ismael Rodríguez, durante la reconstrucción de los hechos.
La Associació Professional d’Agents Rurals de Catalunya (Asparc) y la Asociación Española de Agentes Forestales y Medioambientales (Aeafma), personadas en la causa contra el cazador que mató a dos agentes rurales en enero del año pasado en Aspa, también imputan al acusado, al igual que la Fiscalía (ver SEGRE de ayer), un doble delito de asesinato con alevosía en concurso con uno de atentado a la autoridad y otro de tenencia ilícita de armas. Sin embargo, las entidades incrementan la acusación al considerar a Ismael Rodríguez también autor de un delito contra la fauna por el hecho de haber entrado a cazar al coto de esta localidad del Segrià sin contar con el permiso del titular. Por este hecho piden que el cazador, de 30 años y de Vacarisses (Vallès Oriental), sea multado con 4.800 euros y con tres años de inhabilitación para el ejercicio de la caza.
Las asociaciones de rurales se mostraron ayer satisfechas por la acusación de doble asesinato ejercida por la Fiscalía sobre el asesino confeso, ya que era para ellas muy importante que no se considerara un homicidio. Coincide, además, con la calificación que ellas hacen, aunque en su caso elevan la pena por este delito al máximo, 25 años por cada una de las víctimas, según explicó a este diario el abogado de ambas entidades, Albert Requena.
Coinciden con la Fiscalía en la calificación de asesinato, pero piden el máximo, 25 años por cada víctima
Además, las asociaciones de rurales también solicitan que el asesino confeso de los dos agentes rurales leridanos sea inhabilitado de forma absoluta y se imponga una orden de alejamiento de 500 metros de los familiares de las víctimas hasta el total cumplimiento de la condena, entendiendo también durante los momentos en que puedan producirse eventuales permisos penitenciarios como el tercer grado.
Un punto en el que se producen discrepancias entre ambas acusaciones es que para las asociaciones no hay ningún tipo de atenuante, mientras que la Fiscalía sí que tiene en cuenta la confesión de los hechos.
Las familias también solicitan medio siglo de prisión Las familias de los agentes rurales asesinados en Aspa también acusan al cazador que los disparó mortalmente de dos delitos de asesinato por los que, al igual que las asociaciones profesionales personadas en la casa, piden un total de 51 años de prisión, incluyendo también un año de cárcel por la tenencia ilícita de armas. Además, solicitan cinco años de inhabilitación para el ejercicio de la caza y tres más de privación para la posesión de armas. Por su parte, la defensa del acusado anunció meses atrás que solicitará al juez que se le impongan 20 años de cárcel porque no considera los crímenes un asesinato, sino un homicidio en el que hay que tener en cuenta dos atenuantes, la de confesión (fue el propio cazador el que llamó al 112) y la de alienación mental transitoria.
