El Estado “indulta” a carpas y siluros tras el fallo que obligaba a los pescadores a matarlos

El Estado ha “indultado” a peces como la carpa, el siluro y el blackbass tras la sentencia del Tribunal Supremo (TS) que las consideró especies invasoras hace dos años. Esto supuso la obligación de sacrificarlos una vez capturados e impedía pescarlos sin muerte y usarlos en repoblaciones. La reforma de la ley española de Patrimonio Natural que entra en vigor hoy abre de nuevo la puerta a devolverlos al agua y también a volver a repoblar cotos intensivos con truchas arcoiris, otra especie afectada por el fallo judicial.

La sentencia chocó con la oposición de pescadores y gestores de cotos. La nueva norma, publicada ayer en el BOE, reconoce que el fallo generó “una gran preocupación por sus efectos económicos y sociales” y “suponía la imposibilidad de la pesca deportiva” salvo para erradicar especies catalogadas como invasoras. Por este motivo, abre la puerta a “naturalizar” las que estuvieran en el medio natural de antes de 2007 (fecha de la primera ley de Patrimonio), siempre que “presenten un interés social o económico”.

Esto significa que las especies “proscritas” por el TS podrán volver a pescarse sin muerte y ser objeto de repoblaciones donde tuvieran presencia antes de 2007, pero no en tramos de ríos y embalses donde se hayan establecido en años posteriores. En estos últimos seguirá en vigor la obligación de sacrificarlos.

La reforma legal deja en manos de los gobiernos autonómicos delimitar las zonas donde la presencia de estos peces es anterior a 2007. La Federación Española de Pesca considera que, en Catalunya, esto requerirá que la Generalitat adapte su orden de vedas a la nueva ley. La entidad expresó su disposición a colaborar para ello con la administración, mostró su confianza en que esta lo hará “bien y con rapidez” y se declaró satisfecha con la nueva normativa española (ver desglose).

Reforma después de las primeras denuncias en Lleida La reforma de la ley española llega cuando pescadores han recibido ya las primeras denuncias por capturar especies foráneas sin sacrificarlas. La Guardia Civil ha cursado 13, mientras que Agricultura tiene 7 expedientes abiertos por este motivo (como avanzó SEGRE el 3 de julio). La Federación de Pesca se declaró desde el primer momento contraria a sacrificar peces y objetó que no podía hacerse sin que la administración dispusiera de medios adecuados para la gestión de los cadáveres. El presidente de la Federación Española, Josep Lluís Bruna, valoró que la reforma recoge el criterio de la UE al tener en cuenta aspectos económicos y sociales.Asimismo, considera que aporta “realismo” a la gestión de fauna en masas de agua modificadas por la acción humana.