INCENDIOS RESPONSABILIDAD
Incluyen como daños de un fuego el coste del operativo de extinción
Así lo han considerado los Agentes Rurales en al menos 4 incendios declarados en Ponent desde 2012 || Los han llevado al juez por importantes daños o intencionalidad
Los Agentes Rurales de Lleida han incluido el coste total del operativo de la extinción como parte de los daños ocasionados por al menos cuatro importantes incendios registrados en las comarcas leridanas en los últimos seis años. Se trata de los dos fuegos que quemaron 900 hectáreas en Rocallaura en el verano de 2016, provocado el primero por un petardo y que se reavivó días después; el que asoló Gerri de la Sal en marzo de 2012, arrasando medio millar de hectáreas; y el de Calbinyà, en Les Valls de Valira, con más de un centenar de hectáreas calcinadas también en la primavera de ese año. “Lo que hacemos es incluir lo que ha costado extinguir las llamas dentro de los daños que cuantificamos como parte de la investigación”, explica Llorenç Ricou, repsonsable de los Agentes Rurales en Lleida. En ninguno de estos cuatro casos en los que se ha tomado esta decisión, el proceso judicial ha concluido, por lo que todavía no se ha confirmado la cuantía a la que ascienden los daños ni quién debe hacerse cargo de ellos, que se pretende que sea el causante del mismo. Para calcular el montante de un operativo de extinción hay que tener en cuenta que cada hora de vuelo de los medios aéreos de los Bomberos cuesta 3.210 euros, más de 53 en el caso de los vehículos y 41 por cada efectivo, según los datos facilitados por la dirección general de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos.
Los Agentes Rurales llevan ante el juez un incendio cuando se han producido importantes daños a terceros o cuando ha habido intencionalidad en el origen del fuego.
Por otro lado, la persona identificada como el causante del incendio que el pasado jueves calcinó en Juncosa 0,2 hectáreas de vegetación, mayoritariamente matojos, pero también pinos, se enfrenta a una multa que va desde los 300 hasta los 3.000 euros. El fuego se declaró en una zona cercana a la L-701 y la investigación de los Agentes Rurales determinó que el origen fue una quema agrícola que no estaba autorizada, ya que entre junio y septiembre no puede hacerse fuego. Los Rurales identificaron al causante, que fue denunciado