MEDIO?AMBIENTE RESIDUOS
Lleida invierte 25 millones en tratar residuos y adaptarse a la normativa de la UE en 2020
Desde 2015, con la construcción del vertedero de Tremp, hasta este año en que se abordará la ampliación del de Montoliu || La inversión en el basurero del Segrià es la más elevada hecha por el Govern
La Agència de Residus de Catalunya (ARC) contempla una inversión de 25,3 millones en Lleida en la construcción de infraestructuras que permitirán una buena gestión de las basuras y alcanzar el promedio de reciclaje que estipula la Unión Europea para 2020, establecido en el 50%. Ya en 2015 la Generalitat invirtió un millón y medio en la ampliación del vertedero de Fígols, en Tremp, que da servicio a las comarcas del Jussà, el Sobirà y la Alta Ribagorça, además de Aran. También ha destinado otros 2 millones a mejorar las instalaciones de basurero de Clariana de Cardener, en el Solsonès, para potenciar la reducción de la fracción orgánica. En breve se abordarán los trabajos de recrecimiento del complejo de Les Borges, que costarán 1,3 millones de los que 800.000 los aporta el Govern, aunque la obra estrella a la que ha destinado más dinero en este sector será la construcción de la planta de selección y ampliación del vertedero del Segrià, en Montoliu, al que se destinarán 20 millones. La Generalitat también tiene previsto un montante de 200.000 euros para las ‘minideixallerias’ que se harán en la veintena de pueblos del Segrià que se acogerán a la recogida puerta a puerta, otros 233.000 para ‘deixallerias’ distribuidas por el llano y 309.000 en el Pirineo y Aran, 110.000 en una planta de transferencia en Espot y 200.000 más para un complejo similar en Aran, según los datos facilitados por el director general del ARC, Josep Maria Tost. Incentivar una buen sistema de recogida y la selección de residuos es el objetivo de la Generalitat, en especial, si se tiene en cuenta que solo el Sobirà, la Segarra y el Alt Urgell llegan a reciclar este 50% que exige la UE dentro de dos años, mientras que comarcas como el Segrià o Les Garrigues no llegan ni al 30% y el reciclaje en Ponent se ha estancado.
Solo el Sobirà, Alt Urgell y la Segarra alcanzan el 50% de reciclaje mientras Segrià y Garrigues no llegan al 30%
La corporación comarcal trabaja en el plan especial que debe legalizar las instalaciones
lleida
El vertedero del Solsonès, ubicado en Clariana de Cardener, ha recibido un nuevo varapalo judicial, y es al menos el tercero. El juzgado contencioso administrativo de Lleida ha declarado nula la aprobación del proyecto de ampliación del vertedero y las expropiaciones de fincas asociadas a este proyecto. El fallo es consecuencia de la demanda que interpuso una vecina de Clariana propietaria de terrenos expropiados para la ampliación del depósito de residuos. La sentencia considera que este proyecto y la expropiación son nulos de pleno derecho y abre la puerta a que la demandante recupere las fincas. Sin embargo, admite desconocer si será posible. Según figura en el propio fallo, la justicia ha anulado en dos ocasiones anteriores el mismo proyecto y las expropiaciones derivadas. En concreto, el primer proyecto de 2005 y el de 2010, junto con los expedientes de expropiación de fincas, fueron declarados nulos. Fuentes próximas señalaron que el consell ya tiene en marcha la corrección de los planes urbanísticos que debería permitir regularizar la ampliación. Apuntaron que se está ultimando el plan especial que daría cobertura legal al proyecto con las correcciones señaladas por Urbanismo.
La abogada de la demandante, Dolors Codina, sostiene que todas las anulaciones del proyecto se han producido por una falta de cobertura urbanística. En este caso, la justicia ha anulado el proyecto de 2016, lo que confirma que el vertedero ocupa ilegalmente los terrenos donde se ubica desde el año 2005, señaló. Añadió que la actuación del consell del Solsonès en los últimos 13 años ha consistido en “ir ejecutando y ampliando el vertedero sin el previo planeamiento ni proyecto ni expropiación válida” y se ha hecho caso omiso de las sentencias con la esperanza de que la demandante “tirara la toalla”. Criticó la actuación de la corporación, que calificó de “prepotente” e impropia de un estado de derecho.