Comercios de La Seu, contra la nueva norma que obliga a cambiar rótulos

La Associació d’Empresaris de l’Alt Urgell (AEAU), Unió de Botiguers de La Seu d’Urgell (UBSU) y la Associació d’Hostaleria de l’Alt Urgell critican la nueva ordenanza recién aprobada por el ayuntamiento que regula la rotulación y la publicidad de los establecimientos de la capital. Aseguran que la nueva normativa afecta a “un 80% de los locales”, que se verán obligados a modificar o retirar sus letreros y publicidad de las fachadas. Las tres entidades han presentado 9 alegaciones y lamentan que “solo nos han estimado una y media”. La asociación de hostelería ha mantenido reuniones con los técnicos del ayuntamiento para “forzar una rectificación del redactado”. Están a favor de que se regule la imagen de la ciudad, pero “no de una normativa que no beneficie a nadie. El perjuicio económico que provocará es incalculable”, insisten. El presidente de la UBSU, Juan Carlos Salsas, exige “un mayor consenso con los afectados” para aplicar “una normativa lógica y no puramente estética”.

El sector solicita que la nueva normativa se aplique “únicamente a los establecimientos de nueva apertura o a los que se sometan a rehabilitación”, un punto que el consistorio ha desestimado. Sí que han acordado, en cambio, ampliar el período transitorio de uno a cinco años para que los establecimientos tengan tiempo de adaptar sus rótulos. Del texto destaca la limitación de la medida de los letreros de las fachadas con un máximo de 60 cm de altura, un punto que el sector considera “insuficiente”, y la obligatoriedad que los carteles estén colocados en posición totalmente horizontal en la fachada y sin relieve. En el centro histórico destaca la obligatoriedad de que todos los letreros sean transparentes, de forma que la fachada quede visible, y prohíbe el uso de marquesinas. El teniente de alcalde, Jesús Fierro, defendió la necesidad de regular “el paisaje urbano” y añadió que si es necesario modificar la ordenanza, lo haremos”. La nueva ordenanza fue aprobada en el pleno de julio con los votos del equipo de gobierno (PDeCAT) y CXLS y los votos en contra de ERC y la CUP. Los afectados reclaman ayudas para poder realizar las modificaciones necesarias para cumplir con la normativa.