La Generalitat asume el derribo del Grup Sant Isidori en Mollerussa

La Generalitat se hará cargo de los costes que pueda suponer el derribo del Grup Sant Isidori de Mollerussa, unos gastos que en principio deberían asumir los propietarios de estas viviendas tal y como reflejaba el convenio regulador del proceso. El derribo, sin embargo, está supeditado a un expediente de ruina técnica y económica que está ultimando el consistorio local. Así se determinó ayer en una reunión de trabajo entre el alcalde, Marc Solsona, y el conseller de Territorio, Damià Calvet, en la que se destacó que el principal objetivo de la medida es disminuir la carga económica para los propietarios de los pisos, que una vez aprobado el expediente, deberán abandonar sus casas. Algunos ya se han ido: 43 de los 160 pisos que conforman este grupo han sido desalojados tras recibir los informes técnicos correspondientes que así lo recomendaban, básicamente por deficiencias en la estructura de las viviendas, lo que suponía un riesgo para sus habitantes. En 28 de los casos, los vecinos de este grupo han sido realojados en otras viviendas proveídas por la administración catalana, mientras que en el resto de situaciones, los pisos o bien estaban vacíos o su ocupantes ya disponían de alternativas.

La Generalitat firmó hace ahora un año un convenio entre el entonces conseller de Territorio y Sostenibilidad, Josep Rull; el de Governación, Adminsitración Públicas y Vivienda, Meritxell Borràs; el director de la Agència de l’Habitatge de Catalunya, Jaume Font, y el propio Calvet, en calidad, entonces, de director de l’Institut Català del Sòl (Incasòl). En el transcurso de la reunión, Solsona también pidió la recuperación del proyecto ya licitado y adjudicado de construcción de una rotonda en la carretera de Torregrossa que mejore la accesibilidad en el parque de La Serra, donde se encuentran los institutos de secundaria así como la pista de atletismo.