ABASTECIMIENTO CALIDAD
La UE obliga a hacer 600 análisis de radiactividad en el agua en Lleida
Por los nuevos estándares de calidad, y la Diputación asume el proyecto y su coste
Los municipios de Pinyana se abastecen del pantano de Santa Ana.
La Diputación encargará 600 analíticas en otras tantas captaciones de agua destinada a consumo humano en las comarcas de Lleida para descartar la presencia de elementos radiactivos. Se trata de una medida de obligado cumplimiento en aplicación de la normativa de la Unión Europa, que el Gobierno español incorporó a la legislación estatal en 2016 y que implica a los ayuntamientos en la preservación de la calidad de las aguas para el consumo humano. Fuentes del servicio provincial de Aguas, que se encarga de recoger muestras de agua en distintas fuentes de suministro en las comarcas de Lleida, explicaron ayer que para llevar a cabo los análisis de radioctividad se ha dividido el territorio leridano en cuatro zonas y que en cada una se llevarán a cabo 150 mediciones al año. Con este objetivo, la Diputación ha decidido asumir la responsabilidad de la implantación de esta medida y ha sacado a concurso el servicio de analíticas por un plazo de dos años (prorrogable a otros tres) y un importe de 201.650 euros. Las mismas fuentes destacaron que las primeras muestras se tomarán durante el último trimestre de este año y que se organizarán por zonas de control, delimitadas por captaciones de agua. Por ejemplo, la mancomunidad de abastecimiento de Pinyana o la de Les Garrigues tienen una toma cada una, pero en el municipio de Tremp se cuentan más de 20, una por prácticamente cada agregado de población.
Controles periódicos sobre radiación artificial y natural La presencia de elementos de radiación iónica en el agua puede deberse tanto a factores artificiales como a elementos naturales, producto de la combinación de varios factores, entre ellos, la presencia de gas Ranon o de Tritio. Estos dos componentes son algunos de los aspectos que se medirán en las analíticas del agua, cuya frecuencia dependerá del volumen que suministre la zona de abastecimiento y de la población usuaria. Provincias como Barcelona o Girona, o comunidades como Aragón, ya han iniciado la implantación del protocolo.
