Un caso que salió a la luz tras una denuncia anónima ante la Fiscalía

La operación desatada ayer arranca de una querella interpuesta por la Fiscalía en 2016 tras recibir una denuncia anónima. En esa denuncia se recogía un acta notarial de la Junta General que la constructora MJ Grúas celebró el 14 de noviembre de 2014, en la que un representante de los accionistas minoritarios, en plena disputa con los mayoritarios, pidió explicaciones sobre “cuáles son las acciones legales previstas por la empresa” contra al administrador y contra Joan Reñé por los supuestos “pagos en efectivo realizados como consecuencia de la adjudicación de la concesión a la UTE Depurpla 2” del mantenimiento de 6 depuradoras del Pla d’Urgell. La empresa mayoritaria de la UTE Depurpla 2 es MJ Gruas, y en 2010, cuando Reñé era presidente del consell comarcal del Pla (todavía no lo era de la Diputación), obtuvo la adjudicación del mantenimiento de las depuradoras de Linyola, Bell-lloc d’Urgell, Barbens-Ivars d’Urgell, Bellvís, Juneda-Torregrossa y Fondarella, la localidad de la que Reñé es alcalde. Según consta en la citada acta notarial de la Junta General de MJ Gruas de noviembre de 2014, el representante de los accionistas minoritarios advirtió que el presunto pago de comisiones al presidente de la Diputación podría constituir un “presunto delito de cohecho”. El escrito continúa relatando que, “siendo consciente de que sus palabras iban a quedar recogidas en un acta notarial”, el abogado de la empresa “le contestó que los pagos realizados como consecuencia de la adjudicación de la concesión de la UTE Depurpla 2 son conocidos por todos los miembros del Consejo”. Este documento notarial dio lugar a la apertura de una investigación por supuestos delitos de cohecho, blanqueo de capitales y fraude en la contratación que ha comportado el análisis no solo de la adjudicación de las depuradoras del Pla, sino también otras concesiones de la Diputación cuando Reñé ya era su presidente (desde julio de 2011), incluidas las de carreteras. Ayer fueron detenidas 26 personas entre cargos de la Diputación y directivos y empleados de MJ Gruas y otras constructoras. Una de estas personas es el jefe de estudios de Arnó, al que le preguntaron si las firmas se ponían de acuerdo al presentar ofertas para las obras públicas.

Se da la circunstancia de que el notario que dejó constancia de la Junta de MJ Gruas, Luis Prados Ramos, emitió un comunicado en el que dijo que en el acta “existe una pregunta del representante de uno de los socios acerca del pago de determinados cantidades a diversas personas para la adjudicación de ciertos contratos, habiendo dos contestaciones: una por parte del presidente del Consejo de Administración de la Sociedad, declarando que tales acusaciones carecen de fundamento, por lo que el carácter de reconocimiento de un hecho delictivo no sé muy de donde puede extraerse; y otra” del abogado de la empresa “haciendo referencia a que los pagos son conocidos por todos los miembros del Consejo”, una frase con la que el letrado precisó luego que se refería a que “los movimientos económicos de la UTE Depurpla 2 son conocidos porque constan en la contabilidad debidamente auditada”. Sea como fuere, de esa Junta General ha derivado una causa en la que se investiga si la Diputación ha cobrado comisiones a cambio de adjudicaciones mediante facturas falsas.

Pagos a Catdem “completamente legales” Según las investigaciones, Depurpla 2 abonó un total de 13.000 euros en 2012 y 2013 a CatDem, la fundación con la supuestamente se financió CDC de forma ilegal. MJ Gruas hizo otras entregas a la fundación: 25.000 euros en 2012 y 3.500 en 2013. Antes había donado 14.000 euros en 2008. Josep Maria Gruas Estadella dijo ayer a este diario que todas estas donaciones (lícitas si no se hacen a cambio de adjudicaciones) “se hicieron según lo que establece el conducto legal, mediante una declaración jurada y la aportación de cheques”.