Rehabilitar uno de los edificios del Grup Sant Isidori costaría 800.000 €

El coste total de las reparaciones necesarias del bloque A del grupo Sant Isidori de Mollerussa para que tenga unas condiciones mínimas de habitabilidad asciende a un total de 786.150,57 euros. Así lo establece un informe que ha redactado el consistorio en el que plantea la ruina técnica y económica de uno de los cuatro bloques y que ya ha sido notificado a sus vecinos, ya sean propietarios o arrendatarios. Dicho documento asegura que el coste de edificar un edificio nuevo de las mismas características asciende a 1.259.511,28 euros. Ya que la cifra de la reparación supera el 50% de la de laconstrucción, el documento dictamina la ruina económica del edificio. Por otra parte, la ruina técnica se fundamenta en deficiencias en elementos esenciales de edificio como la estructura horizontal, en un 100%, lo que obligaría a sustituir en un 52% las viguetas por otras nuevas y en un 48%, reparar las viejas. También establece que debería renovarse totalmente la cubierta del edificio así como la fachada y le forjado sanitario.

El consistorio de la capital del Pla también está elaborando el resto de informes de los demás bloques. El alcalde, Marc Solsona, ya anunció que en el caso de llevarse a cabo el derribo de los inmuebles, la Generalitat será la encargada de asumir el coste, que asciende a 400.000 euros (100.000 por cada bloque).

Más de cincuenta viviendas ya han sido desalojadas hasta ahora Mientras el consistorio de Mollerussa ultima todos los expedientes de declaración de ruina del grupo Sant Isidori, la Agència de l’Habitatge de Catalunya sigue con la provisión de viviendas para proceder al desalojo progresivo de los pisos. En la actualidad ya se ha procedido al desalojo de una cincuentena de los 160 pisos que conforman el grupo de viviendas después de recibir los informes técnicos correspondientes que así lo recomendaban. Cabe destacar que en una treintena de los casos, las personas que vivían allí han sido realojadas en otras viviendas proveídas por la administración catalana, mientras que en el resto de situaciones, los pisos o bien estaban vacíos o bien sus ocupantes ya disponían de alternativas de vivienda.