Detectados 17 lobos desde 2000 en el Pirineo pero descartan colonias

El servicio de Fauna y Flora del departamento de Territorio ha detectado hasta 17 ejemplares de lobo en territorio catalán desde el año 2000, momento desde el que se tiene constancia que el animal volvió a aparecer en Catalunya. Desde entonces su presencia ha sido constante, con avistamientos cada año, aunque siempre se ha tratado de individuos aislados y se descartan colonias. Dos ejemplares se han detectado en el Parc Natural del Cadí-Moixeró, uno en el año 2000 y otro en 2006. Del total, los técnicos encargados del seguimiento del animal tienen localizados actualmente a tres machos repartidos entre las comarcas del Ripollès, la Cerdanya y Port del Comte, en el Solsonès. El balance lo hizo público ayer el responsable del servicio, Ricard Casanovas, que insistió en que “todos los individuos contabilizados son erráticos y solitarios” y “en ningún caso manada fija o pareja que puedan llegar a reproducirse”. Todos los animales proceden de los Alpes. Casanovas participó en una jornada sobre la gestión y las medidas para minimizar el impacto del lobo sobre la ganadería que organizó el Parc Natural del Cadí-Moixeró y la Generalitat en La Seu d’Urgell. Defendió la necesidad de “hacer compatible la ganadería de montaña con la conservación del lobo”, que “aporta un beneficio a la biodiversidad” en aquellas zonas donde está presente. Unió de Pagesos aprovechó la jornada para reivindicar que “escuchen” al sector en los programas de gestión del animal. Lo hizo con una acción simbólica de seis miembros que se colocaron al final de la sala con una camiseta con el lema de la reivindicación. El coordinador territorial, Joan Guitart, denunció que no se les haya tenido en cuenta para participar en las ponencias y afirmó que el Govern les está “imponiendo” la presencia del lobo, asegurando que “la protección del animal no es compatible con la ganadería de montaña”. UP recordó que la problemática “afecta toda la sociedad” y opinó que si los ganaderos se ven obligados a abandonar la actividad, “nadie asumirá la gestión” que el colectivo ejerce en el territorio y, por lo tanto, implicará una reducción de los pastos y en consecuencia una pérdida inevitable de la biodiversidad.