Juzgados de Lleida ya atribuyeron al banco todos los gastos hipotecarios hace un año

Juzgados de Lleida ya sentenciaron hace un año que todos los gastos de formalizar una hipoteca debían ser asumidos por el banco con los argumentos que defendió el Tribunal Supremo en la sentencia del pasado jueves, que ahora debe ser revisada por el propio tribunal. Estos gastos incluían el impuesto de actos jurídicos documentados, que supone entre el 70 y el 80% del total de gastos de gestión a la hora de firmar un préstamo hipotecario. En julio de 2017, el Juzgado de Primera Instancia 5 de Lleida emitió una sentencia pionera que condenaba al banco a pagar todos los gastos hipotecarios, incluido el impuesto de actos jurídicos documentados. La entidad debía pagar más de 7.000 euros y la resolución abrió la vía a otros consumidores para reclamar. Sin embargo, pocos meses después el Tribunal Supremo estableció que este impuesto debía ser costeado por el prestatario, es decir, el cliente, lo que frenó estas reclamaciones, aunque no las del resto de gastos de gestoría, notaría y registro. Esta demanda, presentada por el abogado Eduard Ribes, está ahora en manos de la Audiencia de Lleida después de que recurriera el banco. Según Ribes, el tribunal estará a la espera de conocer el criterio que fija el Supremo en su reunión de noviembre. “La demanda fue un conejillo de indias y ahora podría verse respaldada por el alto tribunal”, señaló ayer el letrado a este diario.

La indecisión del Supremo ha frenado las sentencias por los gastos hipotecarios y también la presentación de demandas. Abogados consultados por este diario afirmaron ayer que los afectados se cuentan por centenares. Jaume Pujades, de Despatx Moragues, señaló que si se confirma que es el banco quien debe hacer frente al impuesto, los clientes podrán reclamar por abusividad. Antoni Cudós, de Cudós Consultors, afirmó que muchos consumidores están a la espera y que la duda es si se aplicará retroactividad total. Hay división de opiniones. La mayoritaria presume que habrá una decisión “salomónica” que fije que el impuesto lo pague el banco limitando la retroactividad a 4 años. La consellera de Justicia, Ester Capella, tildó, desde Lleida, de “insólita” la postura del Supremo y abogó por la mediación para evitar un nuevo colapso en los tribunales.

El presidente del TS pide perdón por una gestión “deficiente” El presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, negó ayer que recibiera la llamada de ningún banco alertando del “riesgo sistémico” por la aplicación de la sentencia que adjudica a los bancos el pago del impuesto de actos jurídicos documentados y pidió disculpas a los ciudadanos por lo que reconoció como una “deficiente” gestión de este asunto. Entretanto, la nueva ley hipotecaria que tramita el Congreso repartirá entre las entidades financieras y los clientes los gastos de una hipoteca, aunque en todo caso esperará al criterio que establezca el Supremo en la sentencia que se revisará el 5 de noviembre. El acuerdo es que los gastos se repartan entre bancos y consumidores, una postura defendida por PP, PSOE y Ciudadanos frente al criterio de Unidos Podemos, que abogaba por que los asumieran los bancos.