MEDIO AMBIENTE AGUAS
La UE abre el proceso para multar a España por contaminación de las aguas por nitratos
Primer paso antes de enviar el caso al Tribunal Europeo después de 3 años de avisos y contactos entre ambas partes || Catalunya apenas ha registrado mejoras en la calidad de los acuíferos en dos décadas
Imagen de archivo de purines aplicados en una finca de Les Garrigues.
La contaminación de las aguas subterráneas por purines y otros fertilizantes puede acarrear multas millonarias. La Comisión Europea (CE) ha abierto un proceso sancionador contra España por incumplir la directiva comunitaria sobre nitratos, después de tres años de advertencias y de contactos entre ambas partes. En el caso de Lleida y del resto de Catalunya, la Comisión exigió hace dos años un “plan de acción reforzado” para mejorar la calidad de las aguas subterráneas, tras constatar que apenas había aumentado en las últimas dos décadas.
La Comisión aprecia un descenso en la calidad de los acuíferos en el periodo 2012-2015 respecto al cuatrienio anterior, entre 2008-2011. También constata menos controles y, en algunos casos, ve insuficiente la delimitación de zonas vulnerables a la contaminación por nitratos. El procedimiento de infracción se dirige contra el Estado, al ser el interlocutor directo de la CE. Sin embargo, la gestión de deyecciones ganaderas y la calidad de las aguas forman parte también de las competencias de las comunidades autónomas. El ministerio de Agricultura ha convocado una reunión con la Generalitat y el resto de gobiernos autonómicos el día 23 para abordar esta cuestión.
España tiene un plazo de dos meses para exponer qué medidas tomará para cumplir con la normativa
En 2007, el Tribunal de la UE condenó a España por la afectación del canal en poblaciones de aves
El primer paso de este procedimiento es una carta de emplazamiento, que otorga un plazo de dos meses al Estado para detallar qué medidas ha tomado o prevé implantar para cumplir con la normativa europea. Si la respuesta no es satisfactoria, la CE emitirá un dictamen motivado. Es el último paso antes de llevar la denuncia ante el Tribunal Europeo, algo que ya ha sucedido en Lleida. Así, la causa por el Segarra-Garrigues aún sigue abierta.
Hasta ahora, la Generalitat solo ha aplicado una parte de las reformas previstas en materia de purines. Así, ha detectado errores en planes de deyecciones que provocaban vertidos excesivos; ha puesto en marcha el seguimiento de cisternas con GPS y ha limitado la construcción y ampliación de granjas en zonas vulnerables, entre otras medidas. Sin embargo, sigue pendiente el nuevo decreto de fertilización, cuya aprobación se espera en 2019.
