El expresidente deberá acreditar el origen de 143.000 euros ante el juez

La dimisión de Joan Reñé como presidente de la Diputación es la consecuencia más destacada de una causa judicial en la que todavía no se han presentado cargos contra ninguno de los 24 detenidos (y luego liberados) el pasado 2 de octubre ni la veintena de interrogados, entre miembros del ente provincial y de empresas del sector de la construcción leridanas. Las diligencias de investigación señalan 143.891 euros en el patrimonio de Reñé que los Mossos citan como “ingresos no justificados”; mientras que en el caso de la jefa de Organización, Marlen Minguell, los cifran en 58.292. Ambos deberán acreditar la procedencia de este dinero. La investigación patrimonial abarcó las cuentas de Reñé y Minguell, las de sus respectivos cónyuges y las de los hijos de cada pareja. En el caso del expresidente, la cantidad considerada sin justificación se desglosa en 19.738 euros ingresados a través de una transferencia internacional desde Bélgica, país de origen de su esposa; y 124.152 en efectivo. De esta última suma, 64.021 corresponde a ingresos bancarios y los 60.131 restantes al pago de facturas para reformar una vivienda a nombre de la mujer de Reñé en Barcelona.

La querella presentada por la Fiscalía en 2015 destaca un uso “prácticamente nulo” de tarjetas de débito y crédito al menos hasta 2014, con “un periodo de hasta 32 meses” en los que no constan “gastos en centros comerciales donde se suministran alimentos”. Para el fiscal, esto sugiere “disponer de efectivo”. El nombre de Reñé aparece con frecuencia en el sumario de la causa judicial, pero la mayoría de veces lo hace como aludido por parte de terceros, sin pruebas concretas contra él ni escuchas telefónicas que le impliquen directamente. Las escuchas telefónicas por parte de la policía apuntan a encuentros periódicos del expresidente con el empresario Esteve Niubó, pero no desvelan sus conversaciones. Al hablar por teléfono, se limitaban a acordar lugar y hora donde encontrarse. Sí se conoce, en cambio, el contenido de conversaciones telefónicas entre Reñé y Ramon Farnell, dirigente del PDeCAT en el Pla d’Urgell, edil de El Palau y uno de los propietarios de la constructora Simó Farnell. Ambos hablaron de contratar a Farnell para una obras de urgencia en la escuela de Fondarella, unas goteras, (donde Reñé es alcalde) y de quién debía pagar los 6.000 euros que costaba, el consistorio o Enseñanza. Los Mossos lo consideran una “intermediación” del expresidente “para adjudicar obras” a personas concretas. Pese a la poca concreción de las acusaciones contra Reñé, su partido le pidió que se apartara de la primera línea política para no dañar a la institución ni a su partido, por lo que él criticó a los hasta ese momento sus aliados.